La discusión por la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei entró en una fase crítica. Aunque la Casa Rosada sigue con la mirada puesta en avanzar con su agenda de “modernización” del mercado de trabajo, uno de sus propios capítulos –el que modifica el impuesto a las Ganancias– se transformó en un escollo político que podría poner en riesgo la aprobación de la ley en el Senado.
El conflicto por Ganancias que divide al oficialismo
En una reunión clave de senadores aliados en el Senado, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se encontró con la firme posición de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no está dispuesto a retirar el capítulo que reduce cargas de Ganancias para las empresas del texto de la reforma laboral. Esa modificación, reclamada desde el Ejecutivo como parte de la lógica de “segundas reformas” para liberalizar la economía, ha encendido alarmas en varias provincias por su impacto fiscal.
Bullrich intentó sin éxito que los legisladores firmaran una convocatoria a sesión para el 12 de febrero, medida que los referentes de distintos bloques consideraron prematura ante la falta de certezas sobre la posibilidad de enmendar ese capítulo impositivo. La exigencia de los senadores fue clara: primero, el Gobierno debe abrir un canal firme de diálogo con los gobernadores para evaluar la eliminación de ese punto que podría erosionar la coparticipación provincial.
Gobernadores “dialoguistas” levantan la voz
El rechazo en la Casa Rosada no solo se limita al Senado. Un grupo de gobernadores identificados como “dialoguistas” –entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén)– se reunió para coordinar una postura común de cara al debate en la Cámara Alta. Su principal pedido es que se saque del proyecto el capítulo de Ganancias, al considerarlo un recorte fiscal que restaría recursos equivalentes a alrededor de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias.
Esa merma en la coparticipación impacta directamente en los ingresos provinciales y, según los mandatarios, se suma a otras tensiones preexistentes con el Gobierno nacional, como las deudas que Nación mantiene con ejecutivos provinciales por servicios delegados (PAMI, ANSES) y obras públicas que quedaron sin financiamiento. En ese contexto, advierten que sin la eliminación del capítulo fiscal es poco probable que ofrezcan su apoyo en el Senado.
El impacto en las finanzas provinciales y la presión gremial
El capítulo fiscal de la reforma no solo preocupa a los gobernadores por la caída de recursos coparticipables, sino también por las estimaciones técnicas que señalan que, de aprobarse tal como está, provincias como Buenos Aires perderían casi $400.000 millones en recaudación proyectada para este año. Esto incrementa la presión política sobre el oficialismo para buscar soluciones o compensaciones que permitan sortear la resistencia.
A esos reclamos se suma también la mirada crítica de sectores sindicales: la CGT y otras centrales obreras han intensificado gestiones para sumar a legisladores provinciales y gobernadores a su rechazo general a la reforma tal como fue redactada, argumentando que la combinación de cambios laborales y fiscales debilitaría derechos y la capacidad de las provincias para sostener políticas públicas.
Un escenario con riesgos institucionales y políticos
El debate excede la técnica legislativa y plantea tensiones más profundas sobre cómo se distribuyen los recursos en el país y cómo se interpreta la federalización fiscal. El oficialismo necesita un mínimo de votos que garantice no solo la aprobación en el Senado, sino que también disuada a jueces de plantear cuestionamientos de constitucionalidad. Varios legisladores consultados han subrayado que una mayoría ajustada podría ser vulnerable a impugnaciones judiciales.
Con el inicio de las sesiones extraordinarias programado para las primeras semanas de febrero, la pulseada por el capítulo de Ganancias será una de las pruebas más exigentes para la estrategia política de Milei y su equipo. Las negociaciones con gobernadores y con las distintas bancadas del Parlamento serán determinantes para determinar si la reforma laboral sigue su curso o queda atravesada por la resistencia federal y sindical.
