El Senado de la Nación tiene este miércoles un debate clave para el Gobierno nacional: la modificación del régimen laboral vigente, una iniciativa que el oficialismo esperaba aprobar con urgencia tras negociar importantes cambios frente a gobernadores provinciales, sectores empresariales y a la propia CGT. La avanzada del proyecto se da en un contexto de fuerte tensión política y rechazo sindical, sin perder de vista los posibles efectos sobre el empleo formal y la estabilidad de las relaciones laborales.
De reforma ambiciosa a consenso parlamentario
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei llegó al Senado con 28 modificaciones consensuadas por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) junto a sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores provinciales. El texto, presentado como una “modernización estratégica” de las relaciones laborales, fue fruto de semanas de negociación que incluyeron la conformación de una comisión técnica para analizar objeciones de la CGT y otros actores.
En conferencia de prensa, la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, defendió el dictamen final como el resultado de “horas de trabajo” para construir un proyecto con apoyo amplio. Según su relato, 44 senadores respaldan el dictamen que se somete a discusión este miércoles, facilitando el paso al recinto pese a la resistencia inicial que enfrentó la iniciativa.
Cambios sustanciales para destrabar apoyos
Varias de las modificaciones incorporadas en los últimos días tuvieron impacto político directo: la eliminación del capítulo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas —una medida que había alarmado a los gobernadores por su efecto sobre la coparticipación— fue uno de los puntos centrales en los que el oficialismo cedió terreno. Asimismo, se decidió mantener los aportes a las obras sociales sindicales y la cuota sindical obligatoria, dos cuestiones defendidas con fuerza por la CGT.
Estos cambios, concebidos para asegurar los votos necesarios en la votación en particular, muestran un pragmatismo político del Gobierno frente a una iniciativa que, en su versión original, había generado rechazo tanto en sectores sindicales como en parte del interbloque opositor diálogo.
Tensiones en la calle y resistencia sindical
A pesar de los ajustes en el texto, la CGT y otras organizaciones gremiales mantienen su rechazo al proyecto. Este miércoles, movilizaciones y protestas se realizaron en las inmediaciones del Congreso, con críticas que apuntan a la posible precarización de derechos laborales y al debilitamiento de la negociación colectiva. Líderes sindicales argumentan que ciertos aspectos de la reforma —como la prevalencia de acuerdos por empresa o la modificación de garantías como la ultraactividad de los convenios— podrían disminuir el poder de representación de los gremios y generar inseguridad jurídica para los trabajadores.
Aunque la CGT no convocó a una huelga generalizada, sectores estatales y del transporte sí llevaron adelante medidas de fuerza, intensificando la presión social sobre un proyecto que ya enfrenta rechazo político desde algunas provincias y la oposición.
Qué se debate en el recinto
Más allá de los cambios acordados, el proyecto sigue poniendo en agenda temas sensibles: la regulación de convenios colectivos, límites a la ultraactividad —que garantiza que un convenio siga vigente hasta que uno nuevo lo reemplace— y el alcance de la negociación por empresa frente a la negociación sectorial. Para los críticos, estas modificaciones implican un reequilibrio de fuerzas que, si bien puede agilizar la contratación, también puede erosionar seguridades históricas para los trabajadores.
La sesión de este miércoles no sólo será una prueba de fuerza parlamentaria para el oficialismo, sino también un termómetro de hasta dónde está dispuesto a ceder en la búsqueda de acuerdos que permitan sancionar una ley que, a esta altura, define parte del rumbo político y económico del país para este año.
