La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada a fines de diciembre y puesta en marcha por decreto a comienzos de 2026, abrió un nuevo capítulo en la estrategia económica del Gobierno nacional para atraer al sistema formal una masa de divisas que, según estimaciones oficiales, supera los USD 170.000 millones acumulados fuera de los bancos por los argentinos.
La medida, que ya está en vigencia desde el 2 de enero pasado bajo la rúbrica del Decreto 932/2025, fue diseñada como parte del paquete de reformas fiscales con el objetivo declarado de dar certeza jurídica a los contribuyentes y disminuir las barreras para que esos ahorros informales –los denominados “dólares del colchón”– entren al circuito financiero y productivo del país.
¿Qué se reglamentó y qué efectos tiene?
El decreto publicado en el Boletín Oficial precisó aspectos operativos claves de la ley, especialmente cómo se podrán utilizar los dólares no declarados. Para poder movilizarlos, los fondos deben bancarizarse, lo que significa que deben entrar al sistema financiero ya sea con un depósito en cuenta o mediante una transferencia directa al destino final. Esa trazabilidad, según fuentes oficiales, responde a recomendaciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el GAFI para prevenir lavado de activos.
Esa bancarización también es clave para que los ahorristas puedan disponer libremente de esos recursos, tanto para consumo como para inversión, siempre dentro del ordenamiento que establece la ley y con el seguimiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Régimen Simplificado de Ganancias: atractivo y límites
Uno de los pilares de la normativa es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG): un esquema voluntario para personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones, excluyendo a grandes contribuyentes.
El régimen ofrece beneficios operativos y un incentivo fiscal: ARCA confecciona la declaración con la información disponible y, si el contribuyente presenta y paga en término, se activa un “efecto liberatorio” que limita la potestad de reabrir revisiones fiscales sobre esos periodos, excepto en casos de discrepancias significativas.
Este componente es central para la estrategia oficial de generar confianza en la seguridad jurídica tributaria y reducir la percepción de riesgo entre los pequeños y medianos contribuyentes.
Cambios en el Régimen Penal Tributario
La ley también reformó aspectos del Régimen Penal Tributario, ajustando fuertemente los umbrales que determinan cuándo una falta fiscal configura delito. Por ejemplo, el piso para que la evasión simple pase a ser delito se elevó de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada el salto fue de $15 millones a $1.000 millones.
Estas modificaciones reflejan una visión más laxa sobre la persecución penal fiscal y buscan, según los defensores de la norma, reducir la litigiosidad y la carga administrativa que históricamente han pesado sobre contribuyentes de menor escala.
Monotributistas y otros contribuyentes: ¿qué cambia?
La reglamentación aclaró que aquellos con ingresos y patrimonio dentro de los límites del RSG pueden adherir y beneficiarse de la simplificación. Para los monotributistas, el impacto depende de si cumplen con los requisitos definidos por ARCA: en caso afirmativo, podrán operar dentro del régimen simplificado sin quedar expuestos a revisiones basadas en la evolución patrimonial, concentrándose el control en las declaraciones y pagos formales.
Críticas y preocupaciones: ¿una señal contradictoria?
La iniciativa generó polémica incluso antes de convertirse en ley. Sus detractores advierten que un régimen con umbrales tan altos para la penalización fiscal podría, en los hechos, favorecer la evasión o la informalidad estructural, sin abordar las causas profundas de la falta de bancarización y la desconfianza en el sistema tributario argentino.
Además, aunque el Gobierno defiende la medida como una forma de reactivar la economía al inyectar liquidez en el sistema formal, la falta de un esquema explícito de blanqueo de capitales mantiene abiertas dudas sobre cómo se manejarán los fondos provenientes de actividades económicas opacas o no registradas.
¿Qué puede pasar ahora?
El decreto reglamentario deja algunas definiciones claras, pero promete más normativas complementarias por parte de ARCA y otros organismos, lo que marcará la efectividad de la ley en los próximos meses. El desafío del Gobierno será equilibrar la atracción de recursos con controles efectivos contra el lavado de dinero y la evasión que no generen desincentivos para los pequeños ahorristas y emprendedores, especialmente en un contexto económico con alta inflación y restricción de crédito.
