La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) manifestó su rechazo al decreto del Gobierno nacional que suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, aunque por ahora mantiene una postura de cautela antes de definir si seguirá el camino judicial iniciado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La decisión del presidente Javier Milei de promulgar la norma y, al mismo tiempo, frenar su implementación generó un fuerte malestar en todo el sistema universitario. La UBA fue la primera en reaccionar: su Consejo Superior resolvió por unanimidad presentar una demanda judicial, al considerar que el decreto “viola la Constitución y agrava la crisis del sistema público”.
En La Plata, voceros de la UNLP informaron que el equipo jurídico de la institución está evaluando el impacto legal y presupuestario de la medida “para resguardar los intereses institucionales”. “Se trata de un tema jurídicamente complejo y delicado, por eso se analizarán con profundidad las alternativas posibles”, explicaron.
Cautela y análisis jurídico en la UNLP
Aunque todavía no definió si acompañará la acción judicial de la UBA, la conducción universitaria marcó su postura política e institucional: “La UNLP, al igual que todas las universidades públicas, rechaza los términos del decreto presidencial que suspende la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron.
El equipo legal de la Presidencia, junto con especialistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, trabaja en un dictamen sobre las implicancias de la medida y la estrategia más conveniente. “No se trata solo de una cuestión legal, sino también del impacto que puede tener en la planificación académica y económica del próximo año”, advirtieron desde la casa de estudios.
Preocupación por el Presupuesto 2026
En el ámbito universitario también preocupa la falta de tratamiento del Presupuesto 2026, ya que sin esa definición no es posible medir con precisión los efectos de la suspensión de la ley. “Todavía no se discutió el Presupuesto, un punto clave para dimensionar los perjuicios que esta decisión podría generar en el sistema universitario”, remarcaron desde la UNLP.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y promulgada por decreto, establece un nuevo esquema de recursos para las universidades nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo dispuso su suspensión hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias necesarias.
Un conflicto que atraviesa a todo el sistema universitario
La suspensión de la ley abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas. En la UBA, las autoridades denunciaron que el decreto “rompe el equilibrio de poderes” y “vulnera derechos constitucionales”.
En la UNLP, la decisión es mantener la prudencia, pero con una clara señal de rechazo. “Vamos a esperar los informes técnicos y jurídicos, pero no hay dudas de que la Universidad defenderá el financiamiento y la autonomía del sistema público”, resumieron desde la presidencia platense.
