La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un paro nacional de 48 horas para los días martes 10 y miércoles 11 de junio, sin asistencia a los lugares de trabajo.
Las universidades públicas argentinas se preparan para un nuevo capítulo de conflicto en defensa de los salarios docentes y el financiamiento educativo. Este jueves, tras un plenario encabezado por los gremios universitarios, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió un paro nacional de 48 horas para los días martes 10 y miércoles 11 de junio, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida, que afectará el normal desarrollo de las clases en las universidades nacionales, responde al deterioro salarial y a la falta de respuestas del gobierno en la paritaria nacional.
En un comunicado oficial, CONADU expresó con contundencia: “Dado que los salarios se siguen deteriorando severamente, mientras el gobierno no sólo mantiene cerrada la paritaria nacional universitaria, sino que ha anunciado que el sector público nacional no recibirá ningún aumento, se planteó la necesidad de profundizar el plan de lucha frente al brutal ajuste que lleva a cabo el Gobierno nacional”. Esta declaración refleja el malestar acumulado en el sector docente, que, según datos de la federación, ha perdido más del 25% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, con una caída equivalente a cinco salarios y medio en términos reales.
Un conflicto que no cede
El anuncio del paro llega en un contexto de tensiones crecientes entre los gremios docentes y el gobierno de Javier Milei. Desde la asunción del presidente en diciembre de 2023, los incrementos salariales otorgados a los docentes universitarios han sido significativamente inferiores a la inflación. Según datos oficiales, los aumentos fueron de 1,5% en enero (frente a una inflación de 2,2%), 1,2% en febrero (inflación de 2,4%), 1,3% en marzo (inflación de 3,7%) y 1,3% en abril (inflación de 2,8%). Esta disparidad ha llevado a una pérdida acumulada del poder adquisitivo que, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), supera el 80% desde noviembre de 2023.
El plenario de secretarios generales de CONADU, realizado en las últimas horas, no solo definió la medida de fuerza para la próxima semana, sino que también evaluó estrategias para sostener la lucha en el mediano plazo. Entre las acciones propuestas, se destacó la necesidad de visibilizar el conflicto a través de clases públicas, movilizaciones y una posible nueva Marcha Federal Universitaria, similar a la que el 23 de abril de 2024 congregó a miles de personas en defensa de la educación pública.
Carlos De Feo, secretario general de CONADU, subrayó la gravedad de la situación: “La situación salarial de nuestros compañeros y compañeras se vuelve insostenible, y especialmente a las universidades pequeñas y medianas del país les espera un panorama todavía más oscuro para el segundo semestre. No hay plata para llegar a fin de año con cierta normalidad en el desarrollo de las tareas académicas y de investigación”. Estas palabras reflejan no solo la crisis económica, sino también el impacto en la calidad educativa y la investigación científica, pilares fundamentales del sistema universitario público.
El trasfondo: un ajuste que golpea a la educación
El conflicto universitario no es nuevo, pero se ha agudizado en 2025 debido a la prórroga del presupuesto 2024, que dejó a las universidades sin una actualización acorde a la inflación. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, el presupuesto universitario sufrió una caída real del 26,2% para 2025, mientras que los salarios docentes registraron una pérdida del 25% en términos reales desde noviembre de 2023. Además, el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre de 2024 frustró las esperanzas de una recomposición presupuestaria que incluía mejoras salariales y mayores recursos para investigación y becas.
Los gremios denuncian que el gobierno, liderado por el Ministerio de Capital Humano, ha optado por aumentos unilaterales y ha desoído los pedidos de reapertura de la paritaria nacional. “Estamos con una pérdida salarial récord, que se profundiza mes a mes con aumentos dictados unilateralmente por el gobierno que desconoce la negociación paritaria y siempre por debajo de la inflación”, afirmó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA).
Impacto en las aulas y más allá
La medida de fuerza de 48 horas afectará a las 57 universidades nacionales y los colegios preuniversitarios, donde se espera una adhesión significativa, aunque en paros anteriores se registró un acatamiento dispar en algunas facultades. Los gremios, agrupados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que incluye a CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA, han enfatizado que la lucha no solo es por los salarios, sino también por la defensa de la universidad pública como institución clave para el desarrollo del país.
Ileana Celotto, secretaria adjunta de AGD-UBA, destacó: “Nuestra medida de fuerza no sólo es en defensa de nuestros salarios, sino también de la universidad pública, que sin docentes y no docentes no puede funcionar. Con este ajuste, el gobierno provoca el vaciamiento y la destrucción de la universidad”. Esta preocupación se ve agravada por la migración de docentes e investigadores hacia universidades privadas o del exterior, un fenómeno que, según Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ya ha causado la pérdida de entre el 6% y el 7% del personal en su facultad.
Un llamado a la sociedad
Los gremios han convocado a la comunidad educativa y a la sociedad en general a sumarse a las acciones de visibilización previstas para la próxima semana, que incluyen concentraciones frente al Congreso y clases públicas. La experiencia de la Marcha Federal Universitaria de 2024 demostró que el apoyo social puede ser un factor clave para presionar al gobierno, y los docentes buscan replicar esa unidad para visibilizar la crisis.
Mientras tanto, el CIN y los rectores universitarios continúan trabajando en un proyecto de ley de financiamiento que vincule el presupuesto universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria, buscando garantizar previsibilidad y sostenibilidad al sistema. Sin embargo, la falta de avances concretos en la paritaria y el ajuste presupuestario mantienen al sector en estado de alerta y movilización.
Hacia un futuro incierto
El paro de 48 horas del 10 y 11 de junio será un nuevo capítulo en un conflicto que no muestra signos de resolución. Con un gobierno que prioriza el déficit cero a costa de la inversión en educación, los docentes universitarios se preparan para un segundo semestre de lucha. “El conflicto sigue abierto porque el derecho a la educación superior continúa amenazado, y estamos de pie para defenderlo”, afirmó CONADU en su comunicado.
La comunidad universitaria, respaldada por estudiantes, no docentes y sectores de la sociedad, espera que estas medidas de fuerza sirvan para reabrir el diálogo con el gobierno y lograr una recomposición salarial que permita sostener la calidad educativa. Por ahora, las aulas quedarán en silencio, pero las voces de los docentes seguirán resonando en las calles.
