Martes 3 de febrero de 2026
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Lavagna se fue del INDEC porque Milei decidió no mostrar el nuevo dato de la inflación real

La renuncia de Marco Lavagna a la presidencia del INDEC dejó de ser un simple cambio de nombres y se convirtió en un episodio político de alto voltaje. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno resolvió postergar la aplicación de la nueva metodología para medir la inflación, pese a que el organismo ya estaba en condiciones técnicas de implementarla. La decisión se tomó, según sus palabras, para evitar que el cambio impacte en el actual proceso de desaceleración de precios que la Casa Rosada exhibe como su principal logro.

Lavagna venía trabajando desde 2024 en la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con base en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, que reemplaza la estructura de consumo de 2004/05. Esa modificación no es un detalle técnico: implica darle mayor peso a los servicios —tarifas, transporte, comunicaciones— justo cuando esos rubros empujan con fuerza el bolsillo de las familias.

Según trascendió en ámbitos económicos, el nuevo esquema arrojaba para enero un número más alto (3,4%) que el que surge con la metodología vigente. Frente a ese escenario, el Gobierno optó por mantener el índice actual y frenar el debut del nuevo IPC. Caputo lo explicó con una frase que dejó más dudas que certezas: dijo que el cambio se hará recién cuando la desinflación esté “consolidada”. Es decir, cuando el resultado no altere la narrativa oficial.

El argumento entra en tensión con otro planteo del propio ministro, quien aseguró que ambos índices “dan prácticamente lo mismo”. Si la diferencia fuera tan menor, la transición podría haberse hecho con publicación paralela de ambas series durante un tiempo, como recomiendan manuales estadísticos internacionales. Esa alternativa no fue habilitada.

Un dato clave que no se verá

El 10 de febrero el INDEC difundirá la inflación de enero, pero lo hará con la vieja canasta. Será, en los hechos, un número calculado con una estructura de consumo que no refleja el peso actual de los servicios en el gasto de los hogares. En ciudades como La Plata, donde los aumentos en transporte, alquileres y tarifas impactan de lleno, esa diferencia no es abstracta.

Distintos centros de estudios vienen señalando que, con ponderadores actualizados, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno sería sensiblemente mayor. Las mayores brechas aparecen en Vivienda y Transporte, dos rubros que en el Conurbano y la capital bonaerense tienen incidencia directa en la economía cotidiana.

Cambio de mando y ruido interno

Tras la salida de Lavagna, el Gobierno designó a Pedro Lines al frente del INDEC. Hasta ahora era el número dos del organismo y responde al equipo económico. Caputo buscó transmitir continuidad, pero el recambio se dio a pocos días de la publicación de un dato sensible y eso encendió alarmas dentro del instituto.

ATE-INDEC expresó preocupación por el momento elegido para el cambio de autoridades y reclamó avanzar con la actualización metodológica. El gremio incluso recordó antecedentes de intervenciones políticas sobre las estadísticas públicas, un fantasma que Argentina conoce bien y que siempre termina afectando la confianza en los números oficiales.

Impacto económico y político

La discusión no queda puertas adentro del INDEC. El IPC se usa para ajustar contratos, salarios, jubilaciones y bonos atados a inflación. También es una referencia central para provincias y municipios que proyectan gastos y recursos. Cualquier sombra sobre su medición impacta en expectativas, tasas y decisiones de inversión.

El propio Banco Central había incorporado en informes recientes proyecciones basadas en un IPC con mayor peso de servicios, dando por hecho el cambio metodológico. La marcha atrás deja desacomodadas esas previsiones y refuerza la idea de que la estadística quedó subordinada al calendario político.

Con el nuevo índice sin fecha de aplicación, el Gobierno gana tiempo para sostener su relato de desaceleración, pero a costa de abrir un frente de cuestionamientos sobre la transparencia de los datos. Y cuando la credibilidad de las estadísticas entra en discusión, la economía suele pasar factura.

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