La expresidenta cumplirá su condena en su casa de Constitución, con estrictas restricciones y una tobillera electrónica, tras una decisión judicial que busca desactivar la masiva movilización peronista. La Ciudad de Buenos Aires se opone y el PJ promete llenar las calles. ¿Logrará el Gobierno contener la tensión?
En un giro que combina estrategia política y decisión judicial, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzará a cumplir su condena de seis años por corrupción bajo prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución. La resolución, comunicada este martes por la tarde vía Zoom por el juez Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal N°2, incluye el uso obligatorio de una tobillera electrónica y restricciones específicas, como la prohibición de alterar la convivencia vecinal. Esta medida, según fuentes cercanas al Gobierno, busca desarticular la masiva movilización peronista prevista para este miércoles hacia los tribunales de Comodoro Py, en un intento de evitar un espectáculo político que podría agitar aún más el escenario nacional.
Una decisión judicial bajo presión política
La notificación virtual de Gorini, que exime a Kirchner de presentarse físicamente en Comodoro Py, responde a las presiones de la Casa Rosada, que desde hace días maniobra para desactivar la marcha convocada por el peronismo. Organizada por figuras clave como Máximo Kirchner y Mayra Mendoza, la movilización prometía reunir entre 500.000 y un millón de personas en un recorrido desde el domicilio de la expresidenta hasta los tribunales federales, en lo que el peronismo calificó como “la manifestación popular más grande de la historia”.
A pesar de la oposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes argumentaron que no existen razones humanitarias para conceder la prisión domiciliaria y que Kirchner debería cumplir su pena en una unidad de las fuerzas de seguridad, Gorini optó por otorgar el beneficio. Los fiscales habían señalado que ni la edad de Kirchner (72 años) ni el intento de homicidio que sufrió en 2022 justificaban una medida excepcional, citando incluso el caso del exfuncionario Ricardo Jaime, a quien el mismo Gorini negó la domiciliaria por motivos similares. Sin embargo, la decisión del juez parece alinearse con los intereses del Gobierno de Javier Milei, que busca evitar un foco de tensión en un contexto político ya polarizado.
Condiciones estrictas: tobillera y restricciones vecinales
La resolución judicial impone condiciones claras para la detención domiciliaria de Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución. Además de la tobillera electrónica, la expresidenta deberá abstenerse de realizar acciones que “perturben la tranquilidad del vecindario”, lo que incluye evitar apariciones en el balcón para arengar a sus seguidores, una práctica recurrente en los últimos días. Esta restricción, aunque no explícita, apunta a limitar su capacidad de movilizar políticamente desde su hogar, un punto que podría condicionar su liderazgo al frente del Partido Justicialista (PJ).
La elección del domicilio no estuvo exenta de controversia. La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por orden del jefe de Gobierno Jorge Macri, expresó su preocupación por los “efectos negativos” que la presencia de Kirchner en Constitución podría generar en una zona de alto tránsito. Desde la semana pasada, cientos de militantes han mantenido vigilias y acampes frente al departamento, alterando la dinámica del barrio. A pesar de esta advertencia, Gorini confirmó que Kirchner cumplirá su condena en dicho lugar, al menos de manera provisional, tras un estudio socioambiental que avaló las condiciones del inmueble.
La reacción del peronismo y el impacto político
A pesar de ello, el PJ ratificó la movilización para este miércoles a las 10 de la mañana en Constitución, con la participación confirmada de gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja).
El fallo también reaviva el debate sobre el “lawfare” que Kirchner ha denunciado durante años. La expresidenta, quien planea llevar su caso a la Corte Penal Internacional, sostiene que su condena por “administración fraudulenta” en la causa Vialidad es parte de una persecución política para silenciar al peronismo. Sus seguidores, que desde el 10 de junio se congregan frente a su domicilio, han coreado consignas como “Cristina presidenta” y “Vamos a volver”, reforzando su figura como líder opositora al Gobierno de Milei.
Un equilibrio delicado
La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, con tobillera electrónica y restricciones, representa un intento de la Justicia y el Gobierno por encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la condena y la contención de un conflicto político que podría escalar. Sin embargo, la decisión no parece haber desactivado del todo la movilización peronista, que promete mantener la presión en las calles. Mientras tanto, la expresidenta enfrenta un nuevo capítulo en su trayectoria, confinada a su departamento pero con la capacidad de seguir influyendo en la política argentina, aunque con limitaciones.
El futuro de esta situación dependerá de cómo el peronismo gestione la marcha y de si Kirchner logra mantener su liderazgo desde la reclusión. Por ahora, el país observa con atención un caso que combina judicialización, estrategia política y una polarización que no da tregua.
