la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó este sábado la excarcelación de Iván Díaz Bianchi y Aldana Muzzio, dos de los militantes detenidos por el escrache frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert en Beccar. Sin embargo, la magistrada negó la libertad a la concejala de Quilmes, Eva Mieri, quien fue trasladada al penal de Ezeiza
En una jornada marcada por la tensión política y el debate sobre los límites de la protesta, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó este sábado la excarcelación de Iván Díaz Bianchi y Aldana Muzzio, dos de los militantes detenidos por el escrache frente al domicilio del diputado nacional José Luis Espert en Beccar. Sin embargo, la magistrada negó la libertad a la concejala de Quilmes, Eva Mieri, quien fue trasladada al penal de Ezeiza, lo que desató una nueva ola de críticas desde sectores del peronismo y organismos de derechos humanos.
Los hechos y las decisiones judiciales
El episodio que originó la causa ocurrió el 17 de junio, cuando un grupo de personas arrojó estiércol y colgó un pasacalles frente a la casa de Espert. La acción fue interpretada por la Justicia como un acto de intimidación política, y derivó en una serie de allanamientos y detenciones. Entre los arrestados se encontraban Díaz Bianchi, Muzzio, Mieri y otros militantes, algunos de los cuales ya habían sido liberados en días previos.
La jueza impuso cauciones millonarias para conceder las excarcelaciones: $15 millones para Díaz Bianchi y $5 millones para Muzzio. Ambos deberán presentarse semanalmente ante el juzgado, no podrán salir del país ni acercarse a menos de 500 metros del domicilio de Espert ni tener contacto con él o su familia.
El caso de Eva Mieri
Distinta fue la suerte de Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes. La jueza consideró que existen riesgos procesales y de fuga, y rechazó su excarcelación. Según la resolución, Mieri habría utilizado un vehículo oficial del municipio para participar del escrache y habría coordinado la acción con otros implicados. La magistrada también destacó que el celular que portaba no tenía actividad previa al hecho, lo que interpretó como un intento de ocultamiento.
Reacciones y denuncias
La decisión judicial generó un fuerte repudio desde el kirchnerismo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde su prisión domiciliaria, exigió la liberación de los detenidos y acusó al gobierno de Javier Milei de impulsar una “represión selectiva” contra la militancia política. Organismos como el CELS y la Procuración Penitenciaria denunciaron irregularidades en el proceso y cuestionaron la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
