El proyecto, que ya superó las comisiones del Senado bonaerense, recibe objeciones por la equiparación salarial de los trabajadores municipales de la salud sin financiamiento, la adhesión obligatoria al sistema de recupero de prestaciones y la centralización de fondos. Los jefes comunales reclaman resguardar la autonomía municipal. El massismo busca introducir cambios.
La reforma sanitaria impulsada por el gobierno de Axel Kicillof enfrenta su primer escollo en la Legislatura. El proyecto del Sistema Integrado de Salud, que obtuvo dictamen en las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado bonaerense, recibe cuestionamientos de intendentes y de legisladores del Frente Renovador, que advierten sobre el impacto que tendría en las finanzas municipales, según informó Cronos Noticias.
La iniciativa busca unificar protocolos de atención y reducir las brechas salariales y tecnológicas entre los establecimientos de salud municipales y provinciales. Pero, según los reparos planteados, lo haría sin establecer mecanismos de compensación para los municipios, lo que algunos jefes comunales consideran un avance sobre las autonomías locales.
Los puntos en discusión del Sistema Integrado de Salud
La equiparación salarial
El artículo 43 propone armonizar los salarios de los trabajadores de la salud de los municipios con los de la Ley 10.471 de Carrera Profesional Hospitalaria, que rige para los profesionales de los hospitales provinciales. Como los sueldos municipales están, en general, por debajo de esa escala, la equiparación implicaría un gasto adicional para los distritos. El proyecto no precisa cómo se financiaría, y entre los reclamos aparece la creación de un mecanismo de asistencia para los municipios que no puedan afrontarlo.
El recupero de prestaciones
El artículo 8 establece la adhesión municipal obligatoria al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), destinado al recupero de los costos de las prestaciones que los hospitales brindan a pacientes con obra social o prepaga.
Según los cuestionamientos, los ingresos que hoy perciben los hospitales municipales por esas prestaciones pasarían al Fondo Provincial de Salud, y su devolución quedaría sujeta a decisiones de las regiones sanitarias. Los intendentes reclaman que esos recursos sean considerados ingresos propios, de libre disponibilidad. El Frente Renovador advierte, además, que el sistema restringiría los acuerdos directos de los municipios con prepagas, obras sociales y otros distritos, y que la devolución de los fondos recuperados podría demorar casi un año.
Los contratos vigentes
Los reparos también señalan la falta de precisiones sobre los convenios actuales con financiadores como el PAMI y las obras sociales sindicales, y piden garantizar su continuidad.
Nuevas obligaciones sin fondos
Otro de los cuestionamientos apunta a la obligación de atender a personas de cualquier domicilio y de aplicar las disposiciones del Ministerio de Salud provincial sin una garantía explícita de financiamiento. Según los intendentes, esas exigencias podrían comprometer los presupuestos locales, sobre todo en los municipios que hoy sostienen servicios de mayor complejidad.
El argumento de los intendentes
El planteo municipal invoca la Constitución bonaerense, que pone en cabeza del Estado provincial la garantía del acceso a la salud, y la Ley Orgánica de las Municipalidades, que reconoce competencias locales en sanidad y asistencia social. A partir de esas normas, propone una competencia concurrente, ajustada a los recursos y posibilidades de cada distrito.
También advierte que el proyecto no define con suficiente claridad cómo funcionaría la red sanitaria ni cómo se combinaría la libre elección de los pacientes con el financiamiento de los servicios. Según ese planteo, un sistema con presupuestos fijos podría desplazar la demanda hacia los centros con mejor respuesta sin compensar las diferencias de recursos entre municipios.
El recorrido legislativo
El Frente Renovador busca modificar el texto durante su tratamiento en el Senado, pero no tenía representantes en las comisiones por las que pasó el proyecto. Para introducir cambios en el recinto, Fuerza Patria debería reunir los dos tercios en la reunión de labor parlamentaria o devolver la iniciativa a comisión.
Crecen las versiones sobre una posible sesión del Senado la semana próxima. Si el proyecto obtiene media sanción, en Diputados se anticipa un debate más amplio, con una comisión ampliada en la que participarían las áreas de Economía, Salud, Asuntos Municipales y Legislación para incorporar la mirada de los intendentes. Si allí se introducen cambios, el texto debería volver al Senado.
Un debate en un contexto crítico
La discusión se da en un momento de fuerte presión sobre el sistema sanitario bonaerense. El recorte del programa Remediar trasladó a las provincias la compra de medicamentos esenciales, el Colegio de Médicos advirtió que la crisis del PAMI amenaza con desbordar los hospitales públicos, y los municipios enfrentan una caída de ingresos por la recesión.
En ese escenario, la reforma busca ordenar un sistema fragmentado entre efectores nacionales, provinciales y municipales. Pero los reparos dejan en evidencia la tensión de fondo: quién financia la integración.
La construcción política detrás del proyecto
La reforma también pone a prueba la relación del gobernador con los intendentes, incluso con los de su propio espacio, y con el Frente Renovador, socio clave de Fuerza Patria en la Legislatura. La discusión coincide con la reunión que Kicillof encabezará el jueves con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, en la que se abordarán el calendario electoral y las reelecciones.
Los obstáculos
El oficialismo deberá decidir si acepta modificaciones para destrabar el proyecto o si insiste con el texto aprobado en comisión. Las objeciones sobre el financiamiento, las responsabilidades y la autonomía municipal se perfilan como el principal obstáculo para que la reforma avance antes del cierre del período legislativo.
