El presidente Javier Milei oficializó el veto a dos leyes centrales aprobadas por el Congreso: la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796 y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas iniciativas habían sido votadas por amplia mayoría y estaban destinadas a reforzar áreas críticas como hospitales infantiles y universidades nacionales, pero fueron frenadas por el Ejecutivo bajo el argumento del costo fiscal y la falta de financiamiento genuino.
Un golpe a la salud pública: la emergencia pediátrica vetada
El decreto 651/2025 publicado en el Boletín Oficial anuló la ley que buscaba recomponer salarios, aumentar partidas presupuestarias y garantizar insumos críticos para hospitales como el Garrahan. Desde el Gobierno justificaron la decisión al señalar que la norma generaba “distorsiones salariales” en el sistema sanitario, erosionaba la coparticipación federal y comprometía el presupuesto de Nación y provincias.
El proyecto había sido impulsado tras los reclamos de médicos y trabajadores del Garrahan, que denunciaban falta de recursos básicos y pérdida del poder adquisitivo. La ley establecía que las recomposiciones no podían ser inferiores a los niveles de noviembre de 2023, además de contemplar la exención del pago de Ganancias para quienes cumplieran funciones críticas, guardias y horas extras.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la emergencia pediátrica implicaba un gasto de más de $65.573 millones y una pérdida de ingresos fiscales de $115.030 millones, algo que la Casa Rosada consideró inviable en el marco de su programa de equilibrio fiscal.
Universidades: el primer veto confirmado
Horas antes, Milei ya había firmado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía un aumento de partidas para el sistema de educación superior. La medida golpea directamente a las universidades nacionales, entre ellas la UNLP, que atraviesa serias dificultades presupuestarias y había reclamado una solución urgente para sostener su funcionamiento.
La decisión fue interpretada como un mensaje directo a la oposición y a los gobernadores: el Ejecutivo no convalidará ninguna iniciativa que implique mayor gasto. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo. No hay plata”, anticiparon en Casa Rosada.
Decisiones con impacto político
Con el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, confirmada horas antes, mantiene en suspenso la definición sobre la ley de redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un tema sensible para los gobernadores.
Los dos vetos llegan tras la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por 13 puntos, y en un contexto en el que el Gobierno busca recomponer su relación con las provincias. La designación de Lisandro Catalán en Interior y la mesa de diálogo a cargo de Guillermo Francos apuntan a ese objetivo, aunque la tensión con los mandatarios sigue creciendo.
Los gobernadores nucleados en Provincias Unidas se muestran firmes y advierten que esperan señales concretas de negociación. En paralelo, el Presidente insiste en que no cederá en su programa económico: “No nos moveremos ni un milímetro del equilibrio fiscal, el ajuste monetario y las bandas cambiarias pactadas con el FMI”, reiteró Milei en X.
Emergencia en discapacidad: sin judicialización, pero con demora
En este escenario, el Ejecutivo decidió no avanzar judicialmente contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, que semanas atrás había sido convalidada por el Congreso pese al rechazo presidencial. Sin embargo, la norma todavía no fue reglamentada ni aplicada, lo que abre un nuevo frente de conflicto con la oposición.
