La causa por la presunta megaestafa con billeteras virtuales en La Plata entró en una etapa clave. El juez de garantías Agustín Crispo convalidó el pedido de la fiscal Betina Lacki y dictó la prisión preventiva de Albertina Mangini y de los demás detenidos, en una investigación que puso bajo la lupa movimientos por unos $27.000 millones.
La resolución alcanza a Mangini, Ignacio Marchioni, Mauro Perrotta y Ezequiel Cigliano. Juan Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag permanecían prófugos hasta que, este martes, Campoli Sillero se presentó espontáneamente ante la fiscal Lacki. Con su entrega, queda un solo acusado prófugo en la causa.
La pesquisa comenzó a partir de una denuncia que permitió detectar una presunta maniobra basada en la utilización de datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales.
Según la hipótesis fiscal, a esas personas se les ofrecía dinero a cambio de documentación, fotografías y datos biométricos, incluido el escaneo de los ojos. Una vez creadas las cuentas, terceros habrían tomado el control y las utilizado para recibir y transferir fondos. La investigación sostiene que parte del dinero tendría origen en actividades ilegales, entre ellas el juego online clandestino.
El monto de $27.000 millones corresponde al volumen detectado dentro del circuito investigado y no implica que esa suma haya sido apropiada personalmente por los acusados. La Justicia busca establecer quiénes participaron de cada tramo de la operatoria y si existía una estructura de mayor alcance.
El pedido de arresto domiciliario para Mangini
Mangini fue detenida el 13 de agosto. Según la acusación, habría tenido un papel vinculado con la captación de personas cuyos datos podían ser utilizados para abrir cuentas digitales, aprovechando contactos derivados de su actividad laboral.
La Cámara Penal de La Plata ya había rechazado un hábeas corpus presentado por su defensa. Sus abogados, Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, plantearon como alternativa que Mangini cumpla arresto domiciliario, para lo cual incorporaron informes médicos de su estado de salud. También se sumó una pericia oficial de la Suprema Corte bonaerense, que recomendó adoptar medidas de cuidado durante el encierro, sin establecer directamente el arresto domiciliario. El punto central que deberá resolverse es si esas medidas pueden garantizarse dentro de un establecimiento penitenciario.
El otro prófugo
Antes de su entrega, los abogados de Taubenschlag habían presentado un pedido de eximición de prisión y reclamaron acceder a las pruebas que sustentaron la orden de detención. Cigliano, en tanto, fue indagado recientemente y optó por no declarar.
