La investigación federal por una red de facturación apócrifa y evasión millonaria que tiene como figura central a la contadora platense Natalia Foresio sigue sumando capítulos. En los últimos días, el juez federal Ernesto Kreplak tomó declaración indagatoria a tres empresarios de La Plata que aparecen como beneficiarios directos de la maniobra delictiva. Mientras tanto, Foresio fue trasladada a una cárcel federal tras dejar su prisión domiciliaria.
Según confirmaron fuentes judiciales, los empresarios Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli fueron citados al Juzgado Federal N°3 por su presunta participación en el esquema que habría permitido a decenas de empresas reducir su carga fiscal mediante facturas falsas. La maniobra —detectada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— habría defraudado al Estado por un monto estimado en $40.000 millones.
Los tres indagados habrían utilizado comprobantes emitidos por firmas controladas por Foresio y su entorno para justificar operaciones comerciales inexistentes, obtener créditos fiscales de IVA y deducciones indebidas en Ganancias. La Justicia investiga si eran conscientes de la falsedad de las operaciones y si participaron activamente en la operatoria.
El esquema detrás de la estafa
El caso estalló públicamente a comienzos de junio, cuando se conoció que Foresio había sido detenida acusada de liderar una red de empresas fantasma desde su estudio contable en La Plata. Según los investigadores, la contadora habría articulado la creación y el funcionamiento de sociedades sin actividad real, registradas muchas veces en domicilios particulares, incluso el suyo o el de familiares directos.
El circuito se habría estructurado en tres niveles: primero, las “usinas” o empresas A, encargadas de generar facturas truchas; luego, las empresas B, que “compraban” esos comprobantes y los revendían; y finalmente los clientes finales, entre los que se encuentran firmas de distintas partes del país, que utilizaban esa documentación para evadir impuestos.
La acusación incluye cargos por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero. Además de Foresio, están procesados su pareja Luis Mauricio Cortazzo, Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti. Se investiga el accionar de más de 140 personas físicas y jurídicas. La Justicia ya ordenó millonarios embargos, bloqueo de cuentas bancarias y la inactivación masiva de CUITs.
De la domiciliaria a la cárcel de Ezeiza
Hasta hace pocos días, Foresio cumplía prisión domiciliaria en La Plata. Había accedido a ese beneficio luego de que su defensa alegara condiciones inhumanas de detención en una comisaría local. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal le asignó una plaza y fue trasladada, primero a la Unidad 28 en CABA y luego a la cárcel federal de Ezeiza.
Con este traslado, la principal acusada en la megacausa quedó alojada en una cárcel de máxima seguridad, mientras avanza la recolección de pruebas y se definen las responsabilidades de cada imputado.
Los vínculos políticos y empresariales detrás del caso
Uno de los focos más sensibles de la investigación gira en torno al empresario gastronómico José Spinelli, uno de los indagados en la causa, quien aparece vinculado no solo a la red financiera de Foresio, sino también al entorno del exintendente de La Plata, Julio Garro.
Spinelli, quien además gerencia el Club Alvarado de Mar del Plata, fue socio de Garro en la firma JGS S.A., creada en 2004 cuando ambos trabajaban en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Durante las gestiones de Garro en la intendencia, el empresario fue beneficiado con concesiones gastronómicas clave, como las de la República de los Niños, Plaza Malvinas, la Terminal de Ómnibus y otros espacios públicos, sin licitaciones ni tratamiento en el Concejo Deliberante, según confirmaron fuentes legislativas.
Además, tanto Foresio como su pareja Cortazzo estuvieron vinculados como asesores a bloques del PRO en la Legislatura bonaerense, lo que añade una capa política al entramado judicial.
La posible confluencia de intereses empresariales y políticos en el caso genera preocupación por la falta de controles institucionales y por la posibilidad de que se hayan utilizado estructuras públicas para favorecer negocios privados en desmedro del Estado. Desde el juzgado federal no descartan que la causa sume nuevas imputaciones y derive en investigaciones paralelas sobre el financiamiento de campañas o el uso irregular de recursos públicos.
Una investigación que promete seguir creciendo
La causa continúa en etapa de instrucción, con nuevas medidas probatorias en curso. Desde la Justicia aseguran que se trata de una de las mayores estafas fiscales detectadas en los últimos años en la región y no descartan que el número de implicados aumente. En ese marco, el avance sobre figuras con peso político local y la dimensión del fraude colocan a este expediente en el centro de la agenda judicial y mediática de La Plata.
