La dinámica del mercado laboral argentino vuelve a mostrar señales de fragilidad que ya impactan de lleno en el día a día de miles de trabajadores, incluidos los del Gran La Plata. Con una economía que no logra consolidar un sendero de crecimiento sostenido, el empleo formal pierde terreno frente a modalidades más precarias, mientras el desempleo vuelve a subir y el Estado profundiza su ajuste.
Informalidad en niveles altos y sin señales de reversión
Según el último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, la informalidad alcanzó al 43% de los trabajadores en el cuarto trimestre de 2025. Se trata de un nivel elevado que, lejos de ser un fenómeno transitorio, se consolida como una característica estructural del mercado laboral argentino.
El dato se combina con el aumento del desempleo, que según el INDEC llegó al 7,5%, un punto por encima del año anterior. En términos concretos, hay más personas buscando trabajo y, al mismo tiempo, más dificultades para acceder a empleos registrados.
El informe, coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, advierte que la tasa actual replica niveles de 2008. Es decir, la economía argentina convive desde hace casi dos décadas con un piso alto de precarización laboral, incluso en momentos de crecimiento.
Jóvenes y conurbano: el núcleo más afectado
El impacto no es homogéneo. Los jóvenes aparecen como el sector más golpeado: siete de cada diez trabajadores de entre 16 y 24 años están en la informalidad. La brecha con el promedio general expone las dificultades de acceso al primer empleo formal.
En paralelo, el fenómeno tiene una fuerte concentración geográfica en el Gran Buenos Aires, lo que no resulta ajeno a la realidad de La Plata y su región. La expansión del cuentapropismo, los trabajos temporarios y las changas sigue siendo una salida frecuente ante la falta de oportunidades estables.
Trabajo precario y pobreza: una relación directa
El vínculo entre informalidad y condiciones de vida es cada vez más evidente. Entre los trabajadores no registrados, el 32% vive en hogares pobres y otro 27% se encuentra en situación vulnerable. En otras palabras, más de la mitad de quienes trabajan en negro tienen ingresos inestables y sin cobertura social.
Este escenario no solo impacta en el presente, sino que condiciona el futuro: sin aportes jubilatorios ni protección laboral, se amplía el riesgo de exclusión a largo plazo.
El boom de las apps: más trabajadores, menos rentabilidad
En este contexto, las plataformas de transporte se consolidaron como una válvula de escape. Sin embargo, el crecimiento del sector empieza a mostrar sus límites. Hoy se estima que más de 500.000 personas trabajan como choferes de aplicaciones en todo el país, muchos de ellos como complemento de ingresos o ante la pérdida de empleo formal.
Pablo León, referente de la Asociación de Choferes de Aplicación, describe una actividad en expansión pero con márgenes cada vez más ajustados. La facturación promedio ronda entre $10.000 y $12.000 por hora, pero los costos —combustible, mantenimiento o alquiler de vehículos— absorben una parte significativa de esos ingresos.
En términos mensuales, un conductor puede facturar cerca de $2,5 millones, aunque hasta la mitad se destina a gastos operativos. La ecuación final deja ingresos similares a los de un empleado de comercio, pero sin derechos laborales básicos.
Saturación, tarifas a la baja y falta de regulación
Uno de los principales problemas del sector es la sobreoferta de choferes, que presiona a la baja las tarifas. A esto se suman comisiones de entre el 25% y el 50% que aplican las plataformas, en un esquema que los trabajadores no pueden negociar.
La falta de regulación es otro punto crítico. Actualmente no existe un marco claro que ordene la actividad, lo que deja a los conductores sin cobertura de salud, ART o condiciones mínimas de seguridad laboral.
En ciudades como La Plata, donde el uso de estas aplicaciones creció con fuerza, el debate sobre su regulación aparece cada vez con más urgencia.
Ajuste estatal y más presión sobre el empleo
El panorama se completa con la política de reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei. El Ejecutivo proyecta entre 5.000 y 6.000 despidos en el corto plazo, como parte de un plan que busca recortar hasta un 10% de la planta estatal durante 2026.
El objetivo oficial es reducir más de 27.000 puestos en la administración nacional, empresas y organismos públicos. Desde diciembre de 2023, ya se eliminaron más de 60.000 cargos, en un contexto de caída de la recaudación y menor actividad económica.
El ajuste, que ahora se extenderá a organismos descentralizados, se da en paralelo a un mercado laboral que muestra signos de deterioro. En ese cruce, el riesgo es claro: más presión sobre un sistema que ya exhibe altos niveles de informalidad y dificultades para generar empleo de calidad.
