El mapa del gasto público durante 2025 deja una postal nítida —y polémica— de las prioridades del Gobierno nacional. Mientras áreas sensibles como salud, educación, ciencia, obra pública y desarrollo social sufrieron recortes profundos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) registró un fuerte incremento presupuestario. Así lo expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre el impacto directo del ajuste en la continuidad de políticas públicas clave.
Según el relevamiento, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró una caída real cercana al 29% interanual en comparación con 2023. El dato refleja un ajuste generalizado, aunque con diferencias marcadas entre organismos y programas.
En ese contexto, el caso que más sobresale es el de la SIDE, dependiente de Presidencia, que incrementó su ejecución en un 52% respecto a 2023. En paralelo, los servicios de la deuda pública concentraron el 8% del gasto total, manteniendo un peso significativo dentro de la estructura presupuestaria.
Salud y educación, entre los sectores más golpeados
El informe de CEPA detalla recortes severos en el sistema de salud. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una caída del 72%, mientras que los hospitales nacionales registraron ajustes que oscilaron entre el 20% y el 42%. También se redujeron partidas en organismos estratégicos como el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%).
En la misma línea, varios programas sanitarios quedaron virtualmente paralizados. Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles directamente no registraron ejecución, al igual que otras iniciativas vinculadas a la prevención y el abordaje de enfermedades. La excepción fue el programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, con un leve incremento del 5%.
En educación, el panorama no es más alentador. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no tuvieron ejecución durante 2025. También se registraron recortes profundos en infraestructura educativa, becas estudiantiles, formación docente y educación superior, áreas que impactan de lleno en el sistema educativo y en las economías regionales, incluida La Plata, ciudad universitaria por excelencia.
Ciencia, desarrollo social y obra pública en retroceso
El ajuste también alcanzó al sistema científico-tecnológico, con caídas significativas en el CONICET (-32%), la CONAE (-19%), el Servicio Meteorológico Nacional (-34%) y distintos programas de promoción de la investigación.
En desarrollo social, CEPA señala una reducción casi total en iniciativas de economía social, primera infancia y protección social, junto con fuertes recortes en comedores comunitarios y merenderos, una situación que tiene correlato directo en el conurbano bonaerense y en barrios de La Plata y la región.
La obra pública y el transporte aparecen prácticamente paralizados. Los recortes van del 74% al 100% en programas de infraestructura vial, obras municipales, rutas, puentes y urbanización de barrios. Para los municipios bonaerenses, el dato no pasa inadvertido: las transferencias del Tesoro Nacional también se desplomaron, con caídas del 100% en fondos específicos para la Provincia de Buenos Aires y asistencia financiera a municipios.
La SIDE en el centro del debate político
El aumento del gasto en inteligencia se da en paralelo a un fuerte debate institucional. El diputado nacional de Unión por la Patria y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó duramente el DNU 941, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Rossi advirtió que el decreto implica un avance “de extrema gravedad institucional” y alertó sobre la posibilidad de detenciones sin orden judicial por parte de agentes de inteligencia. Según explicó, el texto no fija plazos ni límites claros para estas aprehensiones temporales, lo que —a su entender— vulnera garantías constitucionales básicas.
El legislador también cuestionó la habilitación para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior a pedido del titular de la SIDE, una decisión que comparó con prácticas del terrorismo de Estado. “Eso remite directamente al funcionamiento de la inteligencia durante la dictadura”, sostuvo.
Un escenario de alta tensión institucional
Desde CEPA concluyen que la reducción de la ejecución presupuestaria afecta programas esenciales en un contexto económico complejo y con impacto directo en provincias y municipios. La combinación de recortes sociales, paralización de la obra pública y fortalecimiento del aparato de inteligencia configura un escenario que despierta preocupación tanto en el plano económico como institucional.
Mientras el Gobierno defiende su política de ajuste, la oposición ya anticipó que buscará tratar el DNU de Inteligencia en el Congreso durante febrero. El debate promete ser intenso y vuelve a poner en discusión el rumbo del Estado, sus prioridades y el equilibrio entre ajuste fiscal y derechos básicos.
