El regreso de Javier Milei de su breve paso por Oslo reactivó la pulseada política que marcará el verano legislativo. Minutos después de aterrizar en Aeroparque, el Presidente firmó el proyecto de reforma laboral que su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le acercó en mano. Con ese gesto, la Casa Rosada dio por cerrado un texto que llegó a último momento y que tensó incluso a los propios aliados oficialistas.
La iniciativa ingresará al Congreso en las próximas horas y se transformará en el primer gran test de poder de La Libertad Avanza tras el cambio de composición del Senado. En el oficialismo confían en que pueden reunir los votos; en la oposición aseguran que están cerca de bloquearla. La discusión se mete también en la agenda de los gremios y de los gobernadores, varios de ellos claves para inclinar la balanza.
Una reforma con final de redacción accidentado
El proyecto que Milei firmó recién este jueves se terminó de pulir mientras el Presidente estaba en Noruega. Las diferencias internas no fueron menores. El punto más conflictivo fue la modificación del sistema de cuotas solidarias, un tema sensible para los sindicatos. La gestión libertaria quería que el aporte —hoy descontado a todos los trabajadores, estén afiliados o no— pasara a depender de la autorización expresa del empleado. Finalmente, esa cláusula se eliminó para evitar una escalada con la CGT.
Aun así, el Gobierno incorporó un cambio: las cuotas de afiliación sindical solo se retendrán “siempre que medie conformidad expresa del trabajador”, un detalle que volvió a encender alarmas en las organizaciones gremiales.
En paralelo, Milei también tiene en carpeta otros proyectos del Consejo de Mayo —vinculados a la apertura comercial y la reducción del gasto público— aunque no se tratarán en estas sesiones extraordinarias.
Los voceros que defenderán la iniciativa
Para garantizar músculo técnico en el Senado, la Casa Rosada designó como principales defensores del proyecto laboral al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; al secretario Maximiliano Fariña; y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Son quienes participaron activamente de la redacción y quienes deberán enfrentar a una Cámara Alta reconfigurada por los cambios de diciembre.
Allí aún resta conformarse la comisión de Trabajo y Previsión Social, órgano clave donde el oficialismo pretende ubicar a Patricia Bullrich como presidenta. La exministra de Seguridad viene impulsando la reforma hace meses y aspira a que sea su primer triunfo legislativo.
El peronismo y la CGT mueven piezas para bloquear el proyecto
Mientras la Casa Rosada preparaba la firma presidencial, el peronismo avanzaba con su propio operativo. El bloque de Unión por la Patria recibió a la cúpula de la CGT y acordó trabajar para impedir que la reforma avance. Según sus propias cuentas, ya tienen asegurados 28 votos propios más la dupla santacruceña de Natalia Gadano y José Carambia. Les faltarían seis para dejar sin cuórum la sesión.
La reunión, realizada en el Senado, reunió a las principales tribus del peronismo y a dirigentes de peso del movimiento obrero, entre ellos Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Solá y Octavio Argüello. El mensaje fue claro: la reforma será resistida y no habrá negociación mientras el texto mantenga artículos que consideran regresivos para los trabajadores.
UP también sumó a diputados de extracción sindical —Vanesa Siley, Mario Manrique, Hugo Yasky y Kelly Olmos— y definió una estrategia conjunta para instalar una “campaña nacional de concientización” destinada a visibilizar el impacto de los cambios laborales.
Un Senado que puede definir el futuro del proyecto
El Gobierno calcula que cuenta con 34 votos: el bloque libertario, los senadores del PRO, Luis Juez y una decena de radicales. Necesita tres más. La llave la tienen los partidos provinciales, un mapa donde los gremios tienen presencia fuerte y donde el oficialismo sabe que la negociación será cuesta arriba.
El caso más complejo es Santa Cruz, donde el gobernador Claudio Vidal tiene origen sindical. También aparece el peso de los gremios petroleros en Chubut y Neuquén, representados desde esta semana por Julieta Carroza en la Cámara Alta. A eso se suman las señales de cautela en provincias mineras como Salta, donde la reforma despertó rechazo inmediato.
Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), referentes de Provincias Unidas, ya escucharon a la CGT y estarían dispuestos a habilitar que sus legisladores ajusten o frenen artículos del proyecto. El clima no es el ideal para el oficialismo.
Sin clima de protesta, pero con batalla legislativa abierta
La conducción cegetista no ve disposición social para movilizaciones masivas, como ocurrió con la Ley Bases. Por eso apuesta de lleno a la negociación política en el Senado. El objetivo: recortar la reforma hasta hacerla irreconocible o frenarla directamente.
En paralelo, Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, avanzan con reuniones con gobernadores. En la Casa Rosada pasaron Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y se espera a Osvaldo Jaldo (Tucumán). El temario incluye la Ley de Glaciares y el Presupuesto 2026, dos proyectos que también cruzan intereses económicos sensibles en las provincias.
La pulseada recién empieza, y en un Senado sin mayorías claras, cada voto cuenta. Para el oficialismo, aprobar la reforma laboral sería mostrar capacidad de gobierno. Para la oposición y los gremios, frenarla se transformó en una señal de supervivencia política.
