El mandatario defendió un polémico posteo contra Ian Moche, un niño platense de 12 años con autismo, alegando que sus publicaciones en X son personales y no institucionales. La causa judicial abre un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad digital de los funcionarios públicos.
La controversia comenzó cuando Javier Milei compartió en X un mensaje que atacaba al periodista Paulino Rodríguez y, de forma indirecta, a Ian Moche. El niño, conocido por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad, fue mencionado en tono despectivo, lo que motivó una denuncia judicial por parte de su familia.
La defensa de Milei: “Es una cuenta personal”
En su escrito judicial, Milei sostiene que su cuenta en X no lo representa como presidente. “No se trató de un acto estatal ni implicó uso de fondos públicos”, argumentó. Según él, el posteo fue una expresión privada en el marco de un debate político, sin intención de agredir al menor.
¿Quién es Ian Moche?
Ian Moche es un joven platense de 12 años que padece autismo. En los últimos años, se convirtió en una figura pública por su participación en campañas de concientización, charlas educativas y debates legislativos sobre inclusión. Su exposición mediática lo posicionó como referente en temas de discapacidad infantil.
La causa judicial plantea un dilema complejo: ¿puede un presidente escudarse en el carácter “personal” de sus redes para evitar responsabilidades institucionales? ¿Qué límites existen cuando se trata de menores de edad expuestos públicamente? Milei sostiene que Ian, por su activismo, es una “personalidad pública” y que sus expresiones no constituyen una agresión.
Reacciones y repudio
Organizaciones como Amnistía Internacional y referentes políticos ya se pronunciaron en defensa de Ian Moche. “Ninguna diferencia política justifica la humillación pública de un niño”, señalaron. El caso genera un fuerte debate sobre el rol ético de los funcionarios en redes sociales.
La causa está en manos del juez federal Alberto Recondo. Su fallo podría sentar jurisprudencia sobre el uso de redes sociales por parte de figuras públicas y el alcance de la libertad de expresión en contextos sensibles. Mientras tanto, la sociedad sigue el caso con atención y expectativa.
