La Casa Rosada suspendió el acto en Tucumán con una excusa climática poco creíble, mientras crecen las tensiones con los mandatarios provinciales. Tras el revés político, el Gobierno explora una nueva convocatoria para discutir fondos y reformas pendientes.
El presidente Javier Milei decidió no asistir al acto oficial por el Día de la Independencia en Tucumán, en un contexto marcado por el creciente distanciamiento con los gobernadores. La ausencia, justificada oficialmente por “razones climáticas”, evitó una postal incómoda: la del mandatario sin el respaldo político que supo tener el año pasado, cuando firmó el “Pacto de Mayo” rodeado de una veintena de mandatarios provinciales.
Desde la Casa Rosada aseguraron que la niebla impidió el vuelo presidencial y complicó el operativo de seguridad. Sin embargo, desde la propia provincia anfitriona relativizaron esa versión: dirigentes tucumanos afirmaron que no hubo niebla durante todo el día y que los vuelos hacia Buenos Aires se realizaron con normalidad.
En los hechos, la cancelación del acto respondió al vacío político. Varios gobernadores habían anticipado su decisión de no participar, en medio del deterioro del vínculo con la administración libertaria. Incluso trascendió que Santiago Caputo, el principal asesor presidencial, pidió expresamente a algunos mandatarios que no viajaran. Esto fue interpretado como una jugada para descomprimir un escenario que podía traducirse en una nueva derrota simbólica.
El malestar también golpea puertas adentro del Gobierno. La interna entre Caputo y el círculo de los hermanos Milei, especialmente con los Menem —funcionarios de confianza de Karina Milei—, tensiona aún más la estrategia de interlocución con las provincias. Karina, que viene resistiendo el avance de Caputo en ese terreno, ya habría deslizado que si quiere tomar ese rol, debería asumir formalmente como jefe de Gabinete, cargo que hasta ahora ha evitado ocupar.
Gobernadores en alerta y foco en los fondos
Más allá del fallido acto, el trasfondo de la disputa es económico. Los gobernadores vienen exigiendo mayor previsibilidad en el envío de fondos y una distribución más equitativa de los recursos nacionales. En ese marco, tras el 9 de Julio, la Casa Rosada comenzó a explorar una nueva convocatoria a las provincias para retomar el diálogo. Sin fecha definida, el objetivo sería discutir modificaciones en el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la automatización de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), claves para las finanzas provinciales.
Según un informe solicitado por los mandatarios, los cambios propuestos implicarían un costo fiscal para Nación de apenas 0,11 puntos del PBI. La iniciativa, ya enviada al Senado, contempla eliminar tres fondos fiduciarios que hoy se financian con ese impuesto, en línea con lo que plantea la Ley Bases en su capítulo de reorganización administrativa.
En cuanto a los ATN, las provincias reclaman su aplicación efectiva: argumentan que, pese a la crisis de recursos, el fondo se subejecuta sistemáticamente. “El superávit que exhibe el Gobierno se sostiene con recursos que les pertenecen a las provincias y que no se están utilizando para atender emergencias”, advirtieron desde el entorno de un grupo de gobernadores.
El tablero legislativo y los tiempos políticos
En Balcarce 50 reconocen que el momento para una nueva reunión con las provincias dependerá de la dinámica legislativa. La iniciativa podría tratarse en el Senado en los próximos días, donde el oficialismo enfrenta una correlación de fuerzas adversa. Algunas voces dentro del Gobierno entienden que el margen de negociación es mayor en Diputados, por lo que las tratativas podrían acelerarse después de ese paso.
Mientras tanto, las provincias se mantienen expectantes. El recorte en transferencias, sumado a la caída en la coparticipación, ha generado desequilibrios financieros en varias jurisdicciones. En ese contexto, el margen político de Milei para sostener la tensión con los gobernadores sin consecuencias económicas concretas parece cada vez más estrecho.
