El gobierno de Javier Milei avanza en un cambio estructural de la política migratoria argentina y prepara la creación, por decreto, de la Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo que marcará el abandono del enfoque histórico de integración para pasar a un esquema centrado en el control y la seguridad. Al frente estará Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense en uso de licencia, una figura de confianza personal y política del Presidente.
La decisión no es menor: la nueva Agencia concentrará funciones vinculadas al ingreso y egreso de personas al país, con especial foco en los pasos fronterizos terrestres, y quedará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. De este modo, Migraciones dejará de depender exclusivamente del Ministerio del Interior y pasará a articularse con un área históricamente asociada al combate del delito y al control territorial.
Un cambio de paradigma con sello político
El nombramiento de Valenzuela expresa algo más que un reordenamiento administrativo. Excompañero de estudios de Milei y uno de los primeros dirigentes del PRO en dar el salto formal a La Libertad Avanza, el dirigente bonaerense representa la sintonía ideológica del oficialismo en un área sensible. Su llegada consolida una mirada que concibe la migración como un asunto prioritariamente ligado a la seguridad, en línea con modelos aplicados en Estados Unidos.
En ese esquema, la nueva Agencia tendrá como objetivos declarados intensificar los controles fronterizos, reforzar los mecanismos de expulsión de extranjeros que delinquen y combatir delitos trasnacionales. Aunque desde la Casa Rosada aseguran que la Dirección Nacional de Migraciones seguirá funcionando dentro del Interior, el peso político y operativo se desplazará hacia Seguridad.
Internas, diseño institucional y dudas operativas
El decreto que dará nacimiento al organismo aún no fue firmado. En el oficialismo reconocen tensiones internas vinculadas al diseño del organigrama y a la distribución de competencias. En esas discusiones intervinieron los ministerios de Seguridad y de Transformación del Estado, además de la Secretaría Legal y Técnica.
Uno de los puntos abiertos es si la Agencia contará o no con una fuerza propia. De avanzar en esa dirección, podría superponerse con funciones que hoy cumplen Gendarmería Nacional o Prefectura Naval. Actualmente, la Dirección Nacional de Migraciones tiene unos 2.000 agentes civiles no armados desplegados en fronteras, aeropuertos, puertos y delegaciones en todo el país.
El espejo estadounidense y el debate que se abre
Especialistas en políticas migratorias advierten sobre la similitud del esquema que impulsa Milei con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), un organismo que en los últimos años quedó en el centro de fuertes controversias por operativos cuestionados judicial y socialmente. El paralelismo no es casual: la administración libertaria suele señalar al modelo estadounidense como referencia en múltiples áreas.
Este giro, sin embargo, abre un debate de fondo sobre derechos, controles y límites del accionar estatal, especialmente en un contexto regional donde la movilidad humana sigue siendo un fenómeno estructural.
Valenzuela y una doble licencia con proyección nacional
Valenzuela, historiador y experiodista, gobierna Tres de Febrero desde 2015 y fue reelecto por tercera vez en 2023. Sin embargo, pidió licencia para encabezar la boleta de La Libertad Avanza al Senado bonaerense. Aunque su lista fue derrotada por Fuerza Patria, logró ingresar a la Cámara alta provincial.
La sorpresa llegó en diciembre pasado, cuando solicitó una segunda licencia y decidió no asumir su banca. La jugada, ahora, cobra sentido: el cargo que asumirá en el Ejecutivo nacional le otorga mayor visibilidad y lo posiciona en la discusión política de fondo, con proyección más allá de la provincia.
Operativos en el conurbano y señales concretas
Mientras el nuevo esquema termina de definirse, el Gobierno ya comenzó a desplegar operativos de control migratorio en territorio bonaerense. En los últimos días se realizó un procedimiento en Villa Celina, partido de La Matanza, donde se identificó a 16 personas extranjeras en situación migratoria irregular.
El operativo, llevado adelante por la Dirección Nacional de Migraciones junto a la Policía Federal, incluyó controles biométricos a casi 400 personas en la vía pública. Según se informó oficialmente, no hubo allanamientos y los casos detectados fueron intimados a regularizar su situación, bajo apercibimiento de expulsión.
Para el oficialismo, se trata de una señal clara del rumbo que se busca imprimirle a la política migratoria. Para sus críticos, es el anticipo de un enfoque más duro que promete abrir una discusión política, jurídica y social que también impacta en la provincia de Buenos Aires y, por cercanía institucional y territorial, en ciudades como La Plata.
