Martes 21 de octubre de 2025
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Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, pero suspendió su aplicación

El Gobierno nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que habían sido aprobadas por el Congreso tras rechazar los vetos presidenciales. Sin embargo, ambas quedaron en suspenso: el Ejecutivo sostiene que no puede aplicarlas hasta que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2026.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, replica la estrategia que la Casa Rosada ya había usado con la ley de emergencia en discapacidad. En los considerandos, el presidente Javier Milei se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629, de 1996, que establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”, y que, en caso contrario, “su ejecución quedará suspendida hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Universidades en alerta y paro nacional

El anuncio provocó una reacción inmediata. Este martes, docentes y no docentes de todas las universidades nacionales realizan un paro en rechazo a la decisión del Gobierno, en reclamo por la falta de actualización presupuestaria y salarial. La medida se replica también en el Hospital Garrahan, donde los trabajadores nucleados en ATE iniciaron una jornada de protesta bajo la misma consigna.

Ambos sectores convocaron a concentrarse en Plaza de Mayo durante la tarde, con el objetivo de visibilizar el impacto de la suspensión de las leyes. En La Plata, la medida afectará el funcionamiento de la Universidad Nacional (UNLP), que atraviesa un escenario crítico por el retraso en las partidas y la caída de becas estudiantiles.

Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley N° 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para docentes y no docentes. Además, fija la actualización de los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla el fortalecimiento de programas de becas, investigación y extensión universitaria.

Según estimaciones oficiales, su implementación demandaría alrededor de $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026. Sin embargo, el Gobierno aclaró que su aplicación queda suspendida “hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias”.

Emergencia pediátrica también suspendida

Por otra parte, el Decreto N° 760/2025 promulga la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de salud por un año. La norma busca garantizar el acceso a servicios de salud infantil, reforzar el funcionamiento de hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, incluyendo incentivos fiscales para profesionales de áreas críticas.

El texto también designa al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional en atención de alta complejidad. Pero el Ejecutivo advirtió que los fondos previstos —estimados en $196.270 millones— no cuentan con respaldo presupuestario suficiente. En los considerandos, se señala que el Ministerio de Salud presenta un déficit de más de $102.400 millones, lo que vuelve inviable la aplicación de la ley sin nuevas partidas.

Un mensaje al Congreso en plena discusión del Presupuesto

En los decretos, el Gobierno remarca que “la discusión parlamentaria del Presupuesto 2026 es el ámbito óptimo para definir la forma en que se financiarán los gastos” de ambas leyes. La frase deja entrever la intención del Ejecutivo de trasladar la responsabilidad al Congreso, en medio de un debate que ya promete ser tenso.

La decisión de Milei vuelve a tensionar la relación con el sistema universitario y el sector sanitario, dos áreas que vienen advirtiendo sobre el deterioro presupuestario. También abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Congreso y la Casa Rosada, luego de que el Parlamento lograra revertir los vetos presidenciales con amplias mayorías.

Mientras tanto, la aplicación de las leyes queda en pausa, y el conflicto con las universidades y hospitales públicos sigue escalando en las calles y en los despachos.

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