El presidente Javier Milei vetó la ley que establecía la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el mismo día en que Lisandro Catalán estrenó su cargo al frente del Ministerio del Interior en una reunión con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Fue la única norma que los mandatarios provinciales le habían reclamado al Ejecutivo.
La decisión, oficializada a través del Decreto 652/2025, representa un golpe directo a las provincias que buscaban garantizar un reparto transparente y previsible de los recursos. En paralelo, datos oficiales revelan que hasta agosto la Nación apenas había girado el 38% del fondo, equivalente a 25 ayudas financieras por $107.500 millones a 14 distritos, mientras retiene el 62% bajo control discrecional.
Qué buscaba la ley vetada
La Ley Nº 27.794, sancionada por el Congreso el 20 de agosto, reformaba el régimen de los ATN, un fondo creado por la Ley de Coparticipación Federal para asistir a las provincias en emergencias y desequilibrios financieros. El proyecto aprobado incluía tres puntos clave:
- Redistribución automática y diaria de los recursos, al igual que la coparticipación.
- Incorporación a la masa coparticipable, dándoles carácter de reparto obligatorio.
- Reconocimiento de porcentajes a Tierra del Fuego y a la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno justificó el veto argumentando que los ATN tienen una finalidad específica y que no deben integrarse al reparto automático. En los hechos, la Casa Rosada preserva la discrecionalidad para decidir qué provincias reciben asistencia y cuándo.
Un reparto parcial y desigual
Según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, de los $278.232 millones presupuestados, solo se habían ejecutado $104.500 millones hasta el 13 de agosto, apenas un 37,5%.
Siete provincias fueron las más beneficiadas:
- Neuquén recibió $13.000 millones en tres giros.
- Salta, también $13.000 millones en tres pagos, pese a que había solicitado $50.000 millones por emergencias climáticas.
- Tucumán obtuvo $12.000 millones en tres transferencias.
Otras ayudas fueron para Santa Fe ($9.000 millones), Santa Cruz ($8.000 millones), Catamarca ($7.000 millones) y Entre Ríos ($6.000 millones). Corrientes, que había gestionado $3.000 millones, no recibió los fondos, justo después de que se rompiera el acuerdo electoral entre Milei y el gobernador Gustavo Valdés.
En total, las provincias pidieron $235.000 millones, pero recibieron menos de la mitad.
Más que economía: política
El veto de Milei no es un hecho aislado. Se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Hospital Garrahan, y profundiza la tensión con los mandatarios provinciales. Para los gobernadores, la negativa no solo afecta a sus arcas, sino que deja en evidencia que el Gobierno nacional busca sostener parte del superávit fiscal reteniendo fondos que deberían distribuirse.
La jugada presidencial también expone contradicciones: mientras Catalán debutaba en el Ministerio del Interior con gestos de diálogo, Milei cerraba la puerta al principal reclamo de los distritos. Una señal que repercute con fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof y los intendentes dependen en gran medida de la asistencia nacional para sostener servicios básicos y obras.
Entre la motosierra y la caja
Si bien en lo que va de 2025 se giraron más fondos que durante todo 2024 —cuando se aprobaron apenas 18 ayudas por $49.800 millones—, el monto sigue muy por debajo de lo solicitado. La discrecionalidad, lejos de reducirse, quedó ratificada con el veto presidencial.
Los gobernadores habían apostado a la ley como forma de limitar la capacidad del Ejecutivo de usar los ATN como herramienta política. La respuesta de Milei fue tajante: mantener la caja bajo control propio, incluso a costa de escalar el conflicto con los 24 distritos.
