La iniciativa busca endurecer las sanciones contra los “cortes” que proliferan en La Plata y el Gran Buenos Aires. El debate abre un nuevo frente entre seguridad vial, presión social y capacidad de control estatal.
Un proyecto presentado por el diputado bonaerense Ismael Passaglia propone pasar de las multas económicas al decomiso y compactación de motos con escapes adulterados. La medida apunta a frenar los ruidos extremos y las maniobras peligrosas que se multiplican en las calles de La Plata y otras ciudades de la Provincia.
“Hay que eliminar el problema, no solo sancionarlo”, sostuvo Passaglia al defender la iniciativa, que busca dar respuesta a un reclamo vecinal cada vez más fuerte.
Impacto en La Plata
En la capital bonaerense, los “cortes” se convirtieron en un fenómeno cotidiano: motos que circulan con escapes modificados, generando estruendo en barrios residenciales y zonas céntricas. La discusión no es menor: mientras los vecinos reclaman acción inmediata, el municipio enfrenta limitaciones de control y recursos para aplicar sanciones efectivas.
La compactación de vehículos sería un golpe directo a quienes reinciden, pero también abre interrogantes sobre la capacidad logística y legal de llevar adelante la medida.
Tensiones políticas y sociales
El proyecto se inscribe en un contexto de creciente malestar social por la inseguridad vial y la falta de respuestas estatales. En La Plata, donde las motos son protagonistas tanto del transporte cotidiano como de hechos delictivos, la propuesta podría convertirse en un nuevo eje de disputa entre oficialismo y oposición.
Los detractores advierten que la compactación podría derivar en arbitrariedades y cuestionan si el Estado está preparado para sostener un esquema de decomiso masivo. Los defensores, en cambio, lo ven como un mensaje claro de orden y disciplina.
Escenario posible
Si la iniciativa avanza, La Plata podría convertirse en un caso testigo: un laboratorio de aplicación de sanciones más duras que, de prosperar, marcarían un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y el uso de motos en la vía pública. El desenlace dependerá de la capacidad política de articular consenso y de la presión social que mantengan los vecinos.
