A horas de que la UNLP, ADULP, ATULP y la FULP movilicen junto al resto del país, el Gobierno oficializó por decreto un nuevo recorte de casi $3 billones que pega en Salud, Educación, Ciencia y obra pública.
La UNLP pierde más de $1.000 millones, los salarios universitarios acumulan 40% de caída real y la respuesta oficial fue, otra vez, descalificar la protesta. La continuidad del ajuste que ya denunciamos ayer.
La cuarta Marcha Federal Universitaria se realiza este martes 12 de mayo en todo el país y La Plata vuelve a ser una de las plazas centrales del reclamo. La consigna es clara: defender la educación pública y gratuita y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia, pero ignorada en los hechos por el Poder Ejecutivo.
La movilización llega 24 horas después de un nuevo capítulo del ajuste libertario: el Gobierno oficializó por Decisión Administrativa 20/2026 un recorte de casi $3 billones que pega en Salud, Educación, Ciencia, obra pública y subsidios. Es el segundo tramo de la motosierra que ya habíamos analizado ayer en InfoPlatense, cuando el gasto en la SIDE se conoció con un aumento del 52% en términos reales —proyectado en $97.000 millones para 2026— en pleno proceso de recortes a las áreas más sensibles del Estado.
La fórmula del Gobierno se repite con cinismo: ajuste donde duele al ciudadano, expansión donde le sirve al poder.
El nuevo recorte: dónde corta y cuánto
La planilla del ajuste, vigente desde la publicación en el Boletín Oficial, deja un mapa preciso del modelo Milei:
- Universidades: la UNLP pierde $1.043 millones, parte de un recorte que alcanza a 13 casas de estudio nacionales.
- Salud: $25.000 millones menos para Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, $20.000 millones menos en Acceso a Medicamentos e Insumos, $5.000 millones menos en Cobertura Sanitaria Compensatoria y otros $5.000 millones en programas vinculados a oncología.
- Vialidad Nacional: caída del 100% en mantenimiento de puentes y estructuras, y del 99% en obras de seguridad vial.
- Educación: eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente.
- Ciencia y Técnica: retracción de programas de cooperación con organismos multilaterales y achicamiento de partidas para infraestructura.
En total, los recortes en educación llegan al 100% en programas clave, la obra pública cae entre 75% y 100%, y el salario docente universitario perdió 36% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
La marcha de hoy: qué se reclama
La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Los reclamos son cuatro y se cuentan rápido:
- Cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno desobedece pese a la doble ratificación judicial de los artículos 5 y 6 (recomposición salarial y becas).
- Reapertura de paritarias y freno a la caída salarial: docentes y no docentes universitarios acumulan más del 40% de pérdida real.
- Reanudación de la obra pública en infraestructura universitaria, hoy paralizada en buena parte del país.
- Frenar la fuga de cerebros: el sistema universitario registra una renuncia docente cada dos días.
Las transferencias del Estado nacional a las universidades cayeron 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. El sistema se vacía por arriba (los mejores docentes se van) y por abajo (los estudiantes de menores recursos no pueden sostener la cursada).
La UNLP, otra vez al frente
La Universidad Nacional de La Plata, una de las más golpeadas por el ajuste, vuelve a marcar el pulso. ADULP y ATULP confirmaron adhesión total al paro de hoy. Desde la ciudad partió una caravana que combinó docentes, no docentes y estudiantes nucleados en la FULP hacia el Congreso de la Nación. El paro alcanza a las 17 facultades, los cinco colegios preuniversitarios y los institutos de investigación.
Los reclamos platenses tienen rostro y nombre: profesores con segundo o tercer trabajo para llegar a fin de mes, investigadores del CONICET que abandonan sus carreras, becarios estudiantes que pierden poder adquisitivo en una ciudad donde el alquiler ya se come el 45% del ingreso familiar y el comercio acumula 13 trimestres en caída. La UNLP se planta, una vez más, como termómetro y como trinchera.
La respuesta oficial: descalificar antes que dialogar
El Gobierno eligió el mismo manual que viene usando con cada protesta. En lugar de abrir paritarias o sentarse a discutir el cumplimiento de la ley, la línea bajada desde la Casa Rosada fue descalificar la marcha, llamarla «electoralista» y asegurar que estaba «influenciada por la política».
El argumento se repite hasta el agotamiento: jubilados, trabajadores estatales, pacientes oncológicos, personas con discapacidad, ahora universitarios. Cada vez que el ajuste duele, el oficialismo le saca legitimidad al reclamo en lugar de responder por los recortes.
A esa estrategia se sumó la interna libertaria: Emiliano Yacobitti, dirigente UCR-UBA, cuestionó al funcionario libertario Alejandro Álvarez con una frase que define el clima: «Mienten sin vergüenza». Las universidades hablan con números públicos; el Gobierno responde con eslóganes.
La línea de continuidad: ayer la SIDE, hoy la motosierra otra vez
La nota que publicamos ayer en InfoPlatense planteaba el corazón del problema: el modelo que está armando el Gobierno no es un ajuste fiscal coyuntural, sino un cambio de contrato entre el Estado y los ciudadanos. Cuando se recorta en simultáneo en salud, educación y obra pública mientras crece el aparato de inteligencia y seguridad, lo que se dibuja es el paso del Estado de Bienestar al Estado de Vigilancia.
El nuevo decreto de ajuste, oficializado en la madrugada previa a la marcha, confirma ese diagnóstico. No hay aleatoriedad en los cortes: hay un mapa político preciso. Los sectores castigados —universidades, hospitales, obra pública, ciencia— son justamente aquellos que organizan la movilización, que defienden la salud pública y que sostienen la movilidad social ascendente. La SIDE, en cambio, sigue creciendo.
La Plata, la ciudad que paga doble
Pocas ciudades del país sienten el ajuste como La Plata. La capital provincial concentra el mayor empleo público por habitante del país, una universidad que emplea a miles de personas y forma a más de 100.000 estudiantes, y un sistema hospitalario que depende fuertemente de las transferencias nacionales —Rossi, San Martín, Sor María Ludovica, Posadas—.
El combo es brutal: con el comercio en caída, los alquileres devorando ingresos, los aumentos en transporte que arrancaron el lunes 18 y la nafta perforando los $2.000, cada recorte que llega desde Casa Rosada se traduce en una vuelta de tuerca sobre la economía local. La Plata es termómetro y víctima al mismo tiempo.
La rosca política: una marcha que mide fuerzas
La movilización universitaria llega en un momento delicado para el oficialismo. El PRO marcó distancia con su «Manifiesto Próximo Paso», el peronismo bonaerense se reordena alrededor de Kicillof y la opinión pública empieza a mirar con más detenimiento el costo social del ajuste. La marcha es la fuerza más organizada que sale a la calle en este momento: la UBA, la UNLP, las universidades del interior y los gremios docentes nacionales conforman una red que sabe sostener el reclamo en el tiempo.
La pregunta política es si esta cuarta marcha mueve la aguja del Gobierno —que muestra blindaje frente a cualquier protesta— o si funciona como acumulación para una pelea más larga que se va a definir en el Congreso, en las paritarias y en las urnas de 2027.
Si la movilización de este martes es masiva, el Gobierno va a redoblar la apuesta del discurso descalificador pero perderá margen para sostener nuevos ajustes sin costo político. Si la marcha queda diluida, los recortes seguirán por decisión administrativa, sin debate público, hasta donde el margen fiscal lo permita.
En La Plata, la pelea no termina con la jornada de hoy: se va a sostener semana a semana con paros, asambleas y clases públicas en defensa de la UNLP. Lo que se vota en la calle no es solo un presupuesto. Es el modelo de país que va a quedar después de la motosierra, y si la ciudad universitaria por excelencia va a poder seguir siéndolo.
