Tras semanas de negociaciones intensas en la Legislatura, Axel Kicillof logró la sanción de la ley que habilita a la Provincia de Buenos Aires a tomar deuda por hasta 3.035 millones de dólares, una herramienta clave para afrontar vencimientos financieros, asistir a municipios en crisis y sostener áreas sensibles de gestión como infraestructura, salud y seguridad. Sin embargo, el trámite aún no está completo: la última palabra la tiene el Gobierno nacional, que podría bloquear la operación.
Según la normativa vigente, todo financiamiento provincial externo requiere la autorización del Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y el Banco Central. En condiciones normales se trata de una instancia administrativa sin mayores obstáculos, pero el Ejecutivo nacional ya anticipó que podría usar esa facultad como freno político.
El encargado de poner el tema en agenda fue Sebastián Pareja, diputado nacional electo por La Libertad Avanza y principal referente del espacio libertario en territorio bonaerense. En declaraciones televisivas fue categórico: “El endeudamiento que impulsa Kicillof no será convalidado”. Más tarde, en redes sociales, profundizó el mensaje al señalar que Javier Milei no avalará acuerdos “de la casta” que, según su visión, terminan endeudando a los bonaerenses a cambio de cargos políticos y mayor gasto estatal.
Un conflicto que suma capítulos
Las declaraciones se inscriben en la escalada de tensiones entre la Casa Rosada y la administración provincial que se intensificaron desde fines de 2023. En noviembre pasado, en La Plata ya circulaba la sospecha de que el Gobierno nacional podía demorar o directamente negar la autorización.
Desde la Gobernación, el ministro de Gobierno Carlos Bianco había definido la validación nacional como “una obligación técnica”, aunque admitió que ahora se está utilizando como “moneda de negociación” dentro de la pulseada política con Nación.
El antecedente inmediato muestra una postura distinta del Ejecutivo: a comienzos de 2025 se habilitó sin objeciones una emisión de títulos por 300 mil millones de pesos solicitada en noviembre de 2024, sin observaciones ni de los ministerios ni del Banco Central. La diferencia hoy es el contexto: el enfrentamiento político es más directo y el margen de cooperación, casi inexistente.
Qué aprobó la Legislatura
La norma sancionada autoriza dos tramos de endeudamiento:
- 3.035 millones de dólares para refinanciar pasivos y garantizar fondos de libre disponibilidad —especialmente para sostener municipios con cuentas en rojo—.
- 650 millones de dólares adicionales destinados a organismos descentralizados.
Es sobre el primer tramo que pesa la amenaza de bloqueo nacional, ya que depende de la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, entre otros avales formales. Para Kicillof, la obtención de esos fondos resulta clave para evitar un impacto financiero negativo durante 2026 y, en paralelo, sostener un margen de autonomía política de cara al escenario electoral de 2027.
En la provincia sostienen que existen argumentos sólidos para que Nación no obstruya la operación. Señalan, por ejemplo, que 15 provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya recibieron autorización para acceder al financiamiento externo en los últimos meses, por lo que negar ese mismo paso a Buenos Aires podría resultar difícil de justificar. Además, remarcan que trabar el crédito podría agravar la situación social en el conurbano, donde varios municipios evalúan incluso pagar el medio aguinaldo en cuotas.
El voto que destrabó la ley
El camino legislativo estuvo lejos de ser lineal. La aprobación se logró por apenas un voto y requirió una negociación extensa con sectores opositores, especialmente de PRO y la UCR, además de bloques provinciales como la Coalición Cívica, Nuevos Aires y Unión y Libertad.
El punto más polémico fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, con la creación de cinco nuevos cargos que obligaron a modificar la Carta Orgánica de la entidad mediante una ley complementaria. El objetivo fue habilitar espacios para dirigentes del radicalismo y el PRO que aportaron a la votación favorable. También aseguraron posiciones La Cámpora, el massismo y sectores vinculados a Martín Insaurralde, en una negociación quirúrgica que terminó garantizando los dos tercios necesarios.
Desde el oficialismo provincial aclararon que Kicillof preservó una mayoría propia en el directorio del banco, aunque cedió lugares estratégicos para cerrar acuerdos que parecían naufragar hasta último momento.
Los intendentes también salieron beneficiados: se estableció un fondo de al menos 250 mil millones de pesos —equivalente al 8% del tramo principal del endeudamiento— que podría ampliarse a 350 mil millones. El paquete incluye además condonaciones de deudas originadas en la pandemia y un nuevo esquema para estabilizar la coparticipación municipal.
Libertarios: voto dividido y pases de factura
En la sesión, La Libertad Avanza votó en bloque en contra, junto a los dos representantes del Frente de Izquierda. Sin embargo, una ausencia llamó la atención: la del diputado Ramón “Nene” Vera, hombre de confianza de Sebastián Pareja. Su faltazo fue clave para que el oficialismo lograra la mayoría mínima y fue interpretado dentro del propio espacio como un gesto político en medio de la interna que enfrenta a Vera con Agustín Romo, jefe del bloque libertario bonaerense.
La situación provocó malestar en el armado nacional y en el entorno de Karina Milei, quien pidió explicaciones y desconfía de la versión de que se trató de un simple descuido. El episodio dejó al descubierto la fragilidad interna del espacio libertario en la provincia justo cuando se discute una de las decisiones financieras más relevantes del año.
El desafío pendiente
Con la ley provincial aprobada, el escenario ahora se traslada al plano nacional. Kicillof deberá enfrentar una nueva pulseada, esta vez con Javier Milei, para conseguir la única validación que falta. La decisión final no solo definirá el acceso al crédito, sino que marcará el tono de la relación entre Nación y Provincia para el resto del mandato.
En juego están las finanzas bonaerenses, el auxilio a municipios que atraviesan serias dificultades presupuestarias y, sobre todo, la posibilidad de que el conflicto político termine condicionando la gestión cotidiana de un distrito donde vive casi el 40% de la población del país.
