El Gobierno nacional avanzó con un nuevo capítulo de su política de desregulación. Esta vez alcanzó a las escuelas privadas de todo el país, que ya no estarán obligadas a informar con anticipación el valor de la matrícula ni pedir autorización estatal para modificar sus cuotas. La medida, aprobada mediante el Decreto 787/2025 y publicada este martes en el Boletín Oficial, deroga la normativa que regía desde 1993 y abre un escenario de fuerte debate a días del cierre del ciclo lectivo.
La decisión elimina el sistema de control estatal que exigía a los institutos comunicar con precisión, antes del 31 de octubre, la matrícula para el año siguiente, y más tarde informar esos valores a las autoridades educativas. Aquella norma, impulsada en tiempos de Carlos Menem y Domingo Cavallo, buscaba garantizar previsibilidad para las familias y evitar modificaciones abruptas en los aranceles.
La administración de Javier Milei sostuvo que ese régimen había quedado “fuera de época”, en un contexto en el que la educación ya no se gestiona desde Nación, sino desde las provincias. Según los argumentos oficiales, las obligaciones de anticipar valores y obtener aval estatal generaban “incertidumbre económica” en los establecimientos, que terminaban fijando precios más altos para cubrir eventuales aumentos de costos. El Gobierno también planteó que esa rigidez impedía responder a la inflación y a los incrementos de salarios e insumos, y ponía en riesgo la sostenibilidad del sistema privado, en especial en instituciones medianas.
Qué pasa en la provincia de Buenos Aires
Pese a la desregulación nacional, la realidad en la provincia de Buenos Aires —donde se concentra uno de los sistemas educativos privados más numerosos del país— no cambiaría en el corto plazo. Allí sigue vigente el esquema provincial que exige autorización para actualizar las cuotas. El gobierno bonaerense ya anticipó que no acompañará la flexibilización planteada por Nación, por lo que, al menos en 2026, los colegios de la región deberán continuar sometiéndose a ese control.
Para las familias de La Plata y la región, el debate llega en un contexto económico sensible: la presión de tarifas, alquileres y alimentos ya tensiona el presupuesto, y cualquier variación educativa tiene impacto directo en la vida cotidiana. Con esta medida, crecen las dudas sobre la evolución de los aranceles a futuro y la posibilidad de que las cuotas se ajusten varias veces al año sin un sendero claro.
Argumentos oficiales y efectos posibles
En el texto del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la intervención estatal “afecta la viabilidad económica” de los establecimientos de gestión privada y que debe resguardarse el “derecho de propiedad” y la “libre contratación”. En esa línea, consideró que los colegios privados deberían tener margen para definir sus políticas de precios, salarios y condiciones de contratación sin autorización estatal previa.
Sin embargo, el Gobierno también reconoce —aunque de manera indirecta— que la eliminación de controles puede llevar a aumentos más frecuentes, atados a los costos operativos del mercado. El impacto real dependerá de cómo se comporten los institutos y de la dinámica provincial, especialmente en jurisdicciones que, como Buenos Aires, mantienen herramientas de supervisión.
Un antecedente reciente: combustibles
La medida educativa no surge aislada. En junio, el Gobierno había quitado otra obligación de reporte: las estaciones de servicio dejaron de informar a la Secretaría de Energía cada modificación de precios. Tras esa decisión, los usuarios reportaron subas superiores a la inflación en algunas zonas, lo que motivó el reclamo político y la presentación de un proyecto en la Legislatura bonaerense para restablecer controles mínimos. Ese antecedente alimenta la preocupación de sectores que advierten que la desregulación educativa puede replicar una dinámica similar en un área mucho más sensible para las familias.
Qué está en juego para 2026
Sin el freno nacional, los colegios privados tendrán vía libre para fijar cuotas y matrículas sin anticipación. En provincias como Buenos Aires, el control seguirá vigente, pero el debate obligará a revisar los mecanismos actuales frente a un escenario económico inestable. Para miles de familias de La Plata y el Gran La Plata —donde el nivel de desempleo se mantiene por encima del promedio nacional y el ingreso real sigue deteriorado— cualquier ajuste adicional en la educación privada representa un golpe directo al presupuesto.
La discusión recién empieza, pero la decisión del Gobierno abre un frente clave que combinará el impacto económico, la regulación provincial y la disputa política por la educación en 2026.
