En una carrera contra el tiempo, Santiago Caputo y Sebastián Amerio negocian con los jueces para otorgar la domiciliaria a Cristina Kirchner antes de la masiva movilización del miércoles. ¿Podrán evitar el desborde en las calles que aterra al gobierno de Milei?
En un contexto de alta tensión política, el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, han iniciado negociaciones urgentes con sectores del Poder Judicial para garantizar que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reciba el beneficio de la prisión domiciliaria este martes 17 de junio. El objetivo es claro: desactivar la movilización masiva convocada para el miércoles 18 en apoyo a la líder del Partido Justicialista (PJ), que promete ser una de las manifestaciones más significativas de los últimos años y genera preocupación en la Casa Rosada.
La marcha, organizada bajo la consigna “Argentina con Cristina”, busca acompañar a la expresidenta en su presentación ante los tribunales de Comodoro Py, donde está programada la notificación de las condiciones de su detención tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. La Corte Suprema, en un fallo reciente, ratificó la sentencia por administración fraudulenta, desatando una ola de rechazo entre los sectores kirchneristas, quienes califican la decisión como un acto de “proscripción política”.
El temor al “cisne negro” en la Casa Rosada
El gobierno de Javier Milei, consciente del impacto que una manifestación multitudinaria podría tener, teme perder el control de la calle y la agenda política. “Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”, reconocen fuentes de la Casa Rosada, según informó La Política Online. La movilización, respaldada por el PJ, intendentes, sindicatos como la CGT, las dos CTA, SMATA, UOM y La Bancaria, además de movimientos sociales como La Cámpora y el Movimiento Evita, podría congregar a miles de personas, evocando los momentos más álgidos del peronismo en las calles.
Para evitar un escenario de alta conflictividad, Caputo y Amerio están presionando para que el Tribunal Oral Federal N°2, encabezado por el juez Jorge Gorini, conceda la prisión domiciliaria a Fernández de Kirchner antes de la marcha. La decisión, que debe ser consensuada con los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, podría incluir restricciones mínimas, como la prohibición de salir de su domicilio en el barrio de Constitución, pero sin el uso de tobillera electrónica, según lo solicitado por los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.
Una carrera contra el tiempo
El departamento de Cristina Kirchner en San José 1111, evaluado como “apto” por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, se perfila como el lugar donde cumpliría la condena en caso de obtener la domiciliaria. Los argumentos presentados por la defensa se basan en la edad de la expresidenta (72 años), su condición de exmandataria y razones de seguridad, especialmente tras el intento de magnicidio que sufrió en 2022. Sin embargo, la decisión no está exenta de controversias: Giménez Uriburu y Basso, con antiguos roces con el kirchnerismo, habrían considerado endurecer las condiciones de detención o incluso negarle el beneficio.
En Comodoro Py, la preocupación también es palpable. “Hay mucha inquietud en el edificio, varios jueces y fiscales piden que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina”, confió un juez federal a La Política Online. El temor a desbordes sociales y al impacto internacional de una detención pública, similar a la imagen de Amado Boudou esposado, impulsa estas negociaciones.
La respuesta del kirchnerismo: “Se marcha o se marcha”
A pesar de las tratativas, el kirchnerismo mantiene firme su convocatoria. “Se marcha o se marcha”, afirmó la diputada Florencia Carignano, reflejando el compromiso de la militancia de acompañar a Fernández de Kirchner en su traslado a los tribunales y de regreso, si se le concede la domiciliaria. La senadora Teresa García, una de las dirigentes más cercanas a la expresidenta, enfatizó: “Hay que estar preparados, muy preparados para el miércoles. Vamos a estar con ella donde sea”. La movilización, que comenzará a las 10 de la mañana en San José y San Juan, busca no solo respaldar a la líder peronista, sino también rechazar lo que consideran un “show” del gobierno para humillarla.
El PJ, junto con más de 250 intendentes, ha coordinado una logística meticulosa para garantizar una “caravana histórica” que recorrerá los casi 5 kilómetros entre el domicilio de Cristina y Comodoro Py. La presencia de gobernadores, como Axel Kicillof, y líderes sindicales, como Héctor Daer, refuerza la unidad del peronismo en un momento de crisis.
El gobierno en la cuerda floja
Mientras tanto, el gobierno busca desmarcarse del fallo judicial y evitar un tono triunfalista. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “no estamos preocupados, estamos ocupándonos de la situación” y expresó su apoyo a la prisión domiciliaria por razones de edad, seguridad y la condición de exmandataria de Fernández de Kirchner. Sin embargo, la cancelación de un viaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Washington evidencia la prioridad que el Ejecutivo otorga a este tema.
En las redes sociales, la consigna #ArgentinaConCristina y #SinDomiciliariaSePUDRE refleja la polarización y el fervor de los seguidores de la expresidenta, mientras que las críticas al gobierno por intervenir en la Justicia, como señaló el usuario
@ClaudiFormosa, avivan el debate.
Un punto de inflexión
La decisión de los jueces, que se espera para este martes, podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Si se concede la domiciliaria, la marcha podría perder parte de su impulso, aunque el kirchnerismo insiste en mantener la presión en las calles. De lo contrario, el miércoles 18 de junio podría marcar un hito en la política argentina, con consecuencias impredecibles para el gobierno de Milei y el futuro del peronismo.
