La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo que habilitaba a la expresidenta a sufragar en las legislativas del 26 de octubre. La decisión se apoya en su condena firme por corrupción y marca un nuevo capítulo en la tensión entre justicia, política y derechos ciudadanos.
En una resolución unánime, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto el fallo de la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, que había habilitado a Cristina Fernández de Kirchner a votar en las elecciones legislativas de octubre. El tribunal consideró que la magistrada actuó de oficio, sin pedido expreso de la exmandataria ni del Ministerio Público, violando los parámetros establecidos por la Corte Suprema en el caso “Orazi”.
La CNE sostuvo que la habilitación debía evaluarse en un “caso concreto”, verificando la viabilidad jurídica y fáctica del voto, además del tipo de delito que motivó la inhabilitación. Nada de eso ocurrió en el fallo apelado, que fue dictado sin considerar las condiciones mínimas exigidas por la jurisprudencia vigente.
Condena firme, derechos suspendidos: el peso de la causa Vialidad
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Esa sentencia incluye la privación del derecho electoral, según el artículo 19 inciso 2 del Código Penal y el artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral.
La jueza Borruto había declarado inconstitucionales esos artículos, basándose en precedentes como “Zelaya” y “Procuración Penitenciaria”, que cuestionan las restricciones automáticas al voto de personas condenadas. Sin embargo, la CNE recordó que esos fallos también exigían que el Congreso reglamente el derecho al sufragio en casos particulares, algo que aún no ha ocurrido.
Cristina fuera del padrón: impacto político y judicial
La decisión de la Cámara Nacional Electoral implica que Cristina Kirchner no podrá votar el 26 de octubre, por primera vez desde el retorno democrático en 1983. El padrón definitivo será publicado este martes, y su nombre no estará incluido.
El fallo llega en un contexto de alta polarización política y reactiva el debate sobre el derecho al voto de personas condenadas. Mientras sectores del oficialismo denuncian una persecución judicial, la oposición celebra el cumplimiento de la inhabilitación. El Congreso, por ahora, guarda silencio.
