El Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) manifestó su descontento con los cambios establecidos por el Gobierno nacional, a través del Decreto 63/24, respecto a la política de medicamentos. El texto firmado por el presidente Javier Milei establece la “recomendación y/o sugerencia de la marca comercial realizada por el médico”.

“En una clara respuesta al pedido de la poderosa industria farmacéutica (que reconoció haber aportado fondos a la campaña presidencial), el gobierno suscribió el Decreto 63/2024 para cambiar el único punto que traía alivio a la población y bajaba el precio de los medicamentos: la vigencia de la ley 25649/02 prescripción por nombre genérico”, expresaron desde SAFYB.

Al tiempo que plantearon que “el Decreto incurre en falacia porque los medicamentos genéricos no alteran el tratamiento clínico del paciente porque son equivalentes; así lo demuestran los 22 años de vigencia de la ley 25649, exentos de denuncias de alteraciones de tratamientos clínicos provocados por sustituciones farmacéuticas”.

La representación sindical consideró que “el Decreto alimenta la corrupción por la cual las grandes farmacéuticas premian a los médicos para que prescriban y recomienden sus marcas comerciales caras sobre la base de argumentos falsos, ya que ningún laboratorio puede alegar mayor o mejor calidad que otro porque todos están sometidos a los mismos controles y exigencias establecidas por la ANMA”.

A partir de esta modificación, los médicos deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional en la receta. De todas formas, también podrán sugerir una marca comercial que el farmacéutico podrá sustituir por otra de menor precio a pedido del consumidor, según establece el Decreto.

VENTA LIBRE EN LOCALES NO HABILITADOS

Por otro lado, el Gobierno cedió a otra iniciativa polémica y anunció que la venta libre de medicamentos en establecimientos no habilitados como farmacias estará limitada a los antiácidos y analgésicos. Esta medida también fue repudiada por los médicos y bioquímicos, que señalaron que estas drogas “pueden causar gastritis y hemorragias digestivas que terminan en nuevas consultas médicas y cirugías y, en otros casos, provocan daño renal”.

En ese sentido, sentenciaron: “Las consecuencias de liberar la venta de antiácidos y analgésicos las pagará el Estado y el Ministerio de Salud que en vez de promover este disparate debería googlear sus propios estudios y recomendaciones que indican que el uso irracional de analgésicos causa 5400 muertes anuales en Argentina, que para un uso adecuado de analgésicos es importante consultar a un profesional y que la automedicación es riesgosa”.