La reestructuración de las fiscalías de juicio en La Plata ya está en marcha. Con un sistema judicial al límite, el Fiscal General dispuso cambios para los próximos cinco años con el objetivo de mejorar la eficiencia en los procesos penales. Vacantes sin cubrir, agendas colapsadas y el incremento de la conflictividad social marcaron la necesidad de una reorganización urgente.
Un sistema colapsado
Tras la feria judicial de verano, comenzó a implementarse el nuevo esquema de fiscalías de juicio en el Departamento Judicial de La Plata. La decisión responde a una crisis estructural que se arrastra desde hace años: falta de fiscales, escasez de personal y una organización desactualizada frente al crecimiento del delito y la demanda de justicia.
Las cifras son contundentes: las audiencias estaban programadas hasta 2028, una demora que imposibilita respuestas rápidas y eficaces. La pandemia profundizó esta crisis, sumada a la aprobación de nuevas leyes sin una asignación acorde de recursos. Además, la estructura del Ministerio Público Fiscal llevaba más de 25 años sin modificaciones significativas.
Fiscales con asignación específica y rotación controlada
Uno de los principales ejes de la reforma es la asignación de fiscales a órganos jurisdiccionales específicos. Se establece que cada agente fiscal trabajará en un Tribunal Oral en lo Criminal o en un Juzgado Correccional por dos años, con posibilidad de prórroga de un año más. La especialización en cada tribunal busca optimizar la gestión de audiencias y evitar la superposición de casos.
También se ajustó la distribución de tareas para reducir la sobrecarga y garantizar el cumplimiento de los plazos procesales. A su vez, se mantienen sin cambios las Unidades Funcionales especializadas en flagrancia, estupefacientes y delitos culposos, con el objetivo de preservar su capacidad operativa.
Impulso a los juicios abreviados y soluciones alternativas
Otro aspecto central es la priorización de los juicios abreviados, promoviendo su resolución antes o durante la audiencia establecida en el artículo 338 del Código Procesal Penal. La dilación de estos procedimientos genera bloqueos innecesarios en el sistema y contribuye al colapso de las agendas judiciales.
Para agilizar los procesos, se instruyó a los fiscales a recolectar las pruebas necesarias en la etapa de instrucción, evitando dilaciones innecesarias. Se fomentará además el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la suspensión del juicio a prueba y los procedimientos abreviados, para disminuir la cantidad de casos que llegan a debate oral.
La estipulación probatoria también será una herramienta clave: las partes podrán acordar sobre hechos y pruebas antes del juicio, acortando significativamente los tiempos de resolución.
Licencias y continuidad en casos críticos
Para garantizar el funcionamiento del sistema, se establecieron reglas específicas para las licencias durante la feria judicial. Fiscales, funcionarios y empleados del área de juicio deberán tomarlas en ese período, mientras que un grupo de fiscales de guardia atenderá los casos urgentes.
Asimismo, se definieron excepciones para casos que requieren continuidad, como la causa Nº 7.700, que involucra al exjuez de Casación Martín Ordoqui, y los juicios por jurados con audiencias ya iniciadas. La intención es evitar interrupciones en los expedientes más complejos.
Cambios necesarios
Con 11 cargos de fiscales aún vacantes, la reorganización busca atacar los problemas estructurales del sistema: falta de personal, agendas desbordadas y demoras interminables. La apuesta es optimizar los recursos disponibles y fomentar mecanismos que aceleren la resolución de conflictos.
El impacto de estas modificaciones no solo afectará a los operadores judiciales, sino también a la sociedad en su conjunto. Una justicia más ágil y eficiente es una demanda creciente en la comunidad platense.
Respaldo legal
El plan de reorganización se fundamenta en la ley 14.442, que otorga al Fiscal General la facultad de modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal. Entre las normativas clave se encuentran:
- Artículo 28, incisos 4, 5 y 9: facultades para organizar el funcionamiento departamental y coordinar el trabajo de los fiscales.
- Artículos 67 y 68: establecen que la Fiscalía de Cámaras debe adaptarse de forma dinámica a las necesidades judiciales.
- Resolución 492 de la Procuración General: autoriza al Fiscal General a implementar los cambios organizativos y administrativos necesarios.
Estas reformas representan un intento por modernizar el sistema penal y responder de manera más eficiente a las exigencias de la sociedad. El desafío será lograr que las medidas se traduzcan en una reducción efectiva de los tiempos judiciales y un acceso a la justicia más equitativo para todos los ciudadanos de La Plata.
