Vecinos de Ignacio Correas y organizaciones ambientales volvieron a encender las alarmas por la realización de obras y movimientos de suelo en un sector protegido de la cuenca del arroyo El Pescado, pese a la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier intervención que pueda afectar el humedal. El caso suma tensión en una zona sensible del oeste platense, donde el avance inmobiliario choca desde hace años con límites ambientales y judiciales claros.
Las denuncias apuntan a trabajos detectados dentro de un loteo ubicado entre las calles 694 y 696 bis, y entre 26 y 27 bis. Se trata de un área alcanzada por una orden judicial de “no innovar”, que obliga a suspender obras particulares, movimientos de tierra y aperturas de calles para preservar el entorno natural del arroyo, considerado el único curso de agua no contaminado de la región.
Según relataron vecinos y vecinas, durante diciembre se registraron tareas de obra y modificaciones del terreno, lo que motivó avisos a la Municipalidad de La Plata y a la Subsecretaría de Planeamiento. La preocupación no es menor: el arroyo El Pescado fue declarado Paisaje Protegido por la Provincia de Buenos Aires y su cuenca cuenta con resguardos específicos para evitar daños ambientales irreversibles.
Un freno judicial que sigue vigente
La medida cautelar fue ampliada hace aproximadamente un año por la Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata, tras hacer lugar a un recurso que buscó reforzar la protección del humedal. La resolución es explícita: suspende cualquier acción que implique alteraciones del suelo, nuevas construcciones o desarrollos que comprometan la calidad ambiental del área y su zona de influencia.
A ese marco judicial se suma la normativa local. El Código de Ordenamiento Urbano recientemente sancionado por el Concejo Deliberante clasifica a este sector de Ignacio Correas como “rural extensivo”. En la práctica, esto limita severamente las construcciones: solo se permiten obras vinculadas a actividades rurales y se prohíben los loteos, las urbanizaciones encubiertas y la generación de núcleos residenciales dispersos.
Pese a estas restricciones, el 3 de diciembre vecinos advirtieron la colocación de una piscina y otras tareas asociadas a una obra privada. Según aseguran, los trabajos continuaron en los días siguientes, lo que incrementó la inquietud en la comunidad y reavivó el reclamo por controles efectivos.
Amenazas y reclamos al Municipio
El conflicto sumó un condimento preocupante: una vecina denunció haber recibido amenazas por parte de uno de los presuntos compradores de los terrenos cuestionados, un episodio que expone el nivel de tensión que atraviesa la zona y desalienta la participación ciudadana en la defensa del ambiente.
Desde la Asamblea Vecinal Cuidemos Correas reclamaron la intervención urgente de los organismos competentes para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar y de la normativa urbana vigente. Además, exigieron que se informe de manera clara a potenciales compradores sobre la situación legal del lugar, mediante cartelería visible que advierta sobre la prohibición de construir, una acción que —según indicaron— la Municipalidad se había comprometido a implementar y que aún no se concretó.
El caso vuelve a poner en foco una discusión recurrente en La Plata y su periferia: hasta dónde avanza el negocio inmobiliario y quién controla que las reglas ambientales y judiciales se cumplan, especialmente en áreas que cumplen un rol clave para el equilibrio ecológico de la región.
