La seguidilla de paros en la UNLP dejó a los alumnos de colegios preuniversitarios más de tres semanas sin clases en apenas dos meses de ciclo lectivo. Un grupo de familias decidió judicializar el reclamo, mientras otros sectores de padres y familiares respaldan la protesta docente.
La tensión por el financiamiento universitario llegó a los tribunales platenses. Padres de la Escuela Anexa “Joaquín V. González” presentaron un recurso judicial para garantizar la continuidad de las clases, en medio de los paros que impulsan los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU).
Tres semanas sin clases en dos meses
El conflicto, que atraviesa a todas las facultades de la UNLP, golpea también a los colegios y jardines dependientes de la casa de estudios. Con la medida de fuerza prevista desde el 27 de abril, los alumnos de nivel inicial y pregrado acumularán más de 15 días de suspensión, lo que equivale a tres semanas sin clases en apenas dos meses de ciclo lectivo.
Padres divididos
La judicialización expone la fractura dentro de la comunidad educativa. Mientras un sector de familias reclama en tribunales para garantizar el derecho a la educación, otros grupos se alinean con los docentes y denuncian el ajuste presupuestario. El 2 de abril, por ejemplo, se realizaron actividades de visibilización en apoyo a los trabajadores de la educación, evidenciando que el conflicto excede lo salarial y se vincula directamente con el futuro de las universidades nacionales.
Impacto local
En La Plata, donde la UNLP es motor cultural, social y económico, la parálisis educativa repercute más allá de las aulas. La falta de clases afecta la rutina de miles de familias y pone en tensión la relación entre la comunidad universitaria y el Gobierno nacional. La judicialización, además, abre un nuevo frente político en la ciudad, donde la educación pública es parte de la identidad platense.
Si el conflicto se prolonga, la discusión podría trasladarse al plano político local, con mayor presión sobre las autoridades universitarias y municipales para intervenir. La Justicia, por su parte, de prosperar el amparo, deberá definir si el derecho a la educación prevalece frente a la protesta gremial, en un año marcado por la disputa presupuestaria.
