La negociación salarial entre la Provincia y los gremios docentes y estatales entró en una etapa decisiva. Con la inflación de enero en 2,9% según el INDEC y el calendario apretando por la liquidación de haberes y el inicio del ciclo lectivo, el Gobierno de Axel Kicillof intenta acercar posiciones antes de formalizar una nueva convocatoria paritaria.
En las últimas horas hubo contactos informales entre funcionarios bonaerenses y representantes sindicales. El objetivo oficial es claro: evitar que el conflicto escale y garantizar que las clases comiencen el 2 de marzo sin medidas de fuerza. Del otro lado, los gremios exigen una mejora que impacte efectivamente en el salario de febrero.
El nudo del porcentaje
La última oferta de la Provincia fue un aumento del 2%. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente. Argumentan que ese porcentaje absorbía parte del 1,5% retroactivo acordado en enero —correspondiente a diferencias de diciembre—, por lo que la mejora real en el bolsillo quedaba reducida a apenas 0,5%.
Con el dato de inflación de enero ya sobre la mesa, la mayoría de las organizaciones reclama que la Provincia iguale el 2,9% y sume el 1,5% que dejará de percibirse en febrero. Esa cuenta lleva el incremento pretendido a 4,4%, un número que en Gobernación consideran difícil de afrontar en el actual contexto fiscal.
La administración Kicillof advierte que la caída de recursos nacionales y la desaceleración económica impactan directamente en la recaudación provincial. En ese escenario, el margen financiero es limitado y cualquier mejora salarial tiene impacto inmediato en las cuentas públicas.
El antecedente de enero y la estrategia oficial
En enero, la Provincia logró cerrar un acuerdo del 4,5%: 3% correspondiente al mes y 1,5% retroactivo aplicado sobre diciembre y el medio aguinaldo. Ese esquema permitió descomprimir el arranque del año, pero el efecto se diluye ahora en la discusión de febrero.
Todo indica que, si hay entendimiento, sería solo por este mes y con reapertura en marzo. Es una estrategia que le permitiría al Ejecutivo ganar tiempo y administrar la negociación en tramos cortos, en línea con la dinámica inflacionaria.
También se analizan mecanismos complementarios para mejorar ingresos sin cargar todo sobre el básico. Entre las alternativas en discusión aparecen bonificaciones no remunerativas para auxiliares de Educación —uno de los sectores con salarios más bajos—, recategorizaciones y la posibilidad de avanzar en ascensos por concurso en algunas áreas del Estado.
Además, persisten reclamos de larga data como el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, entre ellos cerca de mil becarios del área de Salud incorporados durante la pandemia. En el sector docente, también hay demandas laborales que exceden lo estrictamente salarial.
La presión local: alimentos por encima del promedio
El debate paritario no se da en abstracto. En La Plata, la canasta alimentaria subió 3,6% en enero, según un relevamiento de FundPlata realizado en 18 comercios de 13 barrios. El estudio, que midió 26 productos de consumo habitual, mostró aumentos fuertes en verdulería, con una suba promedio del 15,7%. La naranja encabezó las alzas con 34,7%.
Estos datos, por encima del índice general informado por el INDEC, refuerzan el argumento sindical sobre la pérdida de poder adquisitivo. En una ciudad con fuerte peso del empleo público y del sistema educativo, la evolución salarial impacta de manera directa en el consumo y en la economía local.
El factor tiempo y la posibilidad de un decreto
La discusión está condicionada por el calendario. La liquidación de haberes comienza alrededor del día 15 de cada mes, por lo que cualquier acuerdo debe cerrarse en los próximos días si se pretende que impacte en febrero.
Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), ATE, UPCN y FEGEPPBA insisten en que la convocatoria debe realizarse antes de que termine la semana. Sostienen que sin una mejora sustancial de la propuesta el conflicto podría profundizarse.
En la Provincia no descartan, aunque no es la opción preferida, liquidar un aumento por decreto si no hay acuerdo. Esa salida no garantiza la paz social y podría tensionar aún más el inicio del ciclo lectivo.
Por ahora, la negociación sigue abierta. Inflación, cuentas públicas ajustadas y el arranque de clases forman un triángulo que condiciona cada movimiento. En una provincia donde el empleo estatal tiene peso estructural —y en una ciudad como La Plata donde eso se siente en cada barrio— el resultado de esta paritaria tendrá impacto más allá de la mesa de negociación.
