La iniciativa busca aliviar el gasto del Impuesto Automotor para docentes bonaerenses que trabajan en zonas aisladas. El foco está en quienes dependen del auto para sostener la actividad educativa en territorios con caminos precarios y poca infraestructura.
En la Legislatura bonaerense empezó a tomar forma un reclamo que hace años circula por lo bajo en el sistema educativo: el costo de llegar a dar clases en zonas alejadas. Un proyecto de ley propone eximir del pago de la patente a docentes rurales, bajo una premisa concreta: sin vehículo propio, muchas escuelas directamente no funcionan.
La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Silvina Vaccarezza y apunta a un universo específico de trabajadores que desarrollan su tarea en condiciones de alta complejidad, marcadas por distancias largas, caminos de tierra y conectividad limitada.
Un gasto estructural que el sistema no cubre
El proyecto pone el foco en una realidad poco visible en los centros urbanos: hay docentes que recorren decenas de kilómetros diarios para llegar a escuelas rurales, muchas veces en horarios escalonados y sin transporte público disponible.
En ese contexto, el auto deja de ser un bien personal para convertirse en una herramienta de trabajo. Combustible, mantenimiento y ahora también la patente forman parte de un costo que hoy corre casi exclusivamente por cuenta del docente.
La propuesta busca corregir ese desbalance: plantea que el Estado reconozca ese uso “funcional” del vehículo, eximiéndolo del Impuesto Automotor cuando esté afectado exclusivamente a la actividad educativa.
A quiénes alcanzaría la medida
El beneficio no sería generalizado. El proyecto toma como referencia la clasificación de ruralidad que establece la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que divide a las escuelas según su nivel de desfavorabilidad.
En concreto, la exención alcanzaría a docentes que trabajen en instituciones catalogadas en los niveles III, IV y V, es decir, las más alejadas y con mayores dificultades de acceso.
Además, se propone modificar el Código Fiscal bonaerense para incorporar esta excepción de manera formal, lo que implicaría un cambio estructural en la política tributaria aplicada a este sector.
Más que un beneficio: una señal política
El trasfondo del proyecto va más allá de un alivio impositivo. Expone una discusión más profunda: cómo se sostiene la educación en territorios donde el Estado llega de manera fragmentada.
En los fundamentos, Vaccarezza advierte que muchos docentes rurales no solo enseñan, sino que también funcionan como nexo entre la escuela y la comunidad. En situaciones de emergencia, incluso, su vehículo puede ser el único medio disponible.
Esa doble función —docente y logística— es la que busca reconocer la iniciativa.
¿Qué impacto puede tener en la región?
En el Gran La Plata, si bien la ruralidad no tiene el peso de otras zonas del interior bonaerense, existen escuelas periurbanas y rurales en localidades como Abasto, Etcheverry o El Peligro donde el problema es conocido.
Allí, los caminos de tierra y la falta de transporte regular hacen que el auto sea prácticamente obligatorio. En ese esquema, una exención de patente podría representar un alivio concreto en un contexto donde el poder adquisitivo docente viene en retroceso.
Lo que viene
El proyecto recién inicia su recorrido legislativo y deberá atravesar comisiones antes de llegar al recinto. En un escenario de ajuste fiscal y discusión por recursos, no está claro qué margen político tendrá para avanzar.
Pero el tema ya quedó sobre la mesa: cuánto cuesta, en serio, sostener la educación donde el mapa se vuelve más difuso.
