Un decreto nacional establece que todas las rutas concesionadas deberán contar con al menos una vía automatizada de cobro antes de diciembre de 2026. La medida no alcanza, por ahora, a la autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2 ni al Corredor del Atlántico, bajo regulación provincial.
El Gobierno nacional oficializó la obligatoriedad de la automatización en los peajes de rutas nacionales, a través del Decreto 733/2025. La normativa establece que todas las concesionarias deberán habilitar al menos una vía automática de cobro, ya sea mediante Telepase o sistemas de flujo libre (free flow), antes del 31 de diciembre de 2026.
El objetivo declarado es agilizar el tránsito, reducir costos operativos y desalentar la evasión, en un contexto donde todavía persisten cabinas manuales y largas filas en horarios pico.
Qué rutas quedan alcanzadas y cuáles no
La medida impacta en todas las rutas nacionales concesionadas bajo la órbita de Vialidad Nacional. Sin embargo, no regirá en las autovías provinciales, como la autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2 y el Corredor del Atlántico (rutas 11, 74 y 56), que dependen de la regulación bonaerense.
Esto significa que, al menos en el corto plazo, los peajes hacia la Costa Atlántica seguirán funcionando bajo el esquema actual, mientras que en rutas nacionales se avanzará hacia la digitalización obligatoria.
Impacto en usuarios y trabajadores
La implementación del sistema automático genera expectativas y tensiones. Para los usuarios frecuentes, el cambio promete menos demoras y mayor fluidez en los viajes. Sin embargo, los sindicatos del sector advierten por la posible pérdida de empleos en cabinas de cobro manual y reclaman medidas de reconversión laboral.
Además, especialistas en transporte señalan que la transición deberá contemplar zonas con baja conectividad digital, donde el uso de Telepase aún no está extendido.
El futuro de los peajes en Argentina
Con esta decisión, el Gobierno busca alinear el sistema vial argentino con estándares internacionales, donde el cobro electrónico ya es la norma. El desafío será garantizar que la modernización no genere exclusión ni desigualdad entre usuarios.
Mientras tanto, la Provincia de Buenos Aires mantiene bajo análisis si replicará la medida en sus corredores estratégicos. La discusión promete abrir un nuevo capítulo en la tensión entre Nación y Provincia por la regulación del transporte y la infraestructura vial.
