La investigación por presuntos abusos sexuales en el ámbito del Senado bonaerense volvió a generar repercusiones políticas. Legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes dirigido al ministro de Justicia de la Provincia, Julio Alak, y a la vicegobernadora Verónica Magario, para conocer el estado de las actuaciones administrativas y judiciales.
El reclamo busca esclarecer cómo actuaron los organismos provinciales frente a las denuncias. También apunta a saber qué medidas se tomaron dentro del Senado y si existen protocolos vigentes para abordar este tipo de situaciones.
Qué explicaciones pide la oposición
Entre los puntos centrales, los legisladores solicitan información sobre la apertura de sumarios internos y la intervención de la Justicia. Además, preguntan qué áreas del Estado acompañan a las personas denunciantes y qué acciones se activaron tras conocerse los hechos.
El pedido también incluye consultas sobre políticas de prevención y capacitación en violencia de género dentro de la Legislatura. La oposición sostiene que la falta de información oficial genera dudas sobre el accionar institucional y exige respuestas claras.
Un tema que impacta en la política provincial
El caso volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del Senado y las responsabilidades de sus autoridades. La investigación avanza en un contexto donde la violencia de género ocupa un lugar central en la agenda pública y donde se exige mayor transparencia.
Desde sectores opositores remarcan que el foco no está solo en el expediente judicial. También buscan evaluar si el Estado provincial respondió con la rapidez y la responsabilidad que la situación demanda. En ese marco, el rol de Magario, como máxima autoridad del Senado, resulta clave.
Expectativa por definiciones oficiales
Hasta el momento, ni el Ministerio de Justicia ni la Vicegobernación realizaron declaraciones públicas sobre el pedido de informes. La iniciativa abre un nuevo capítulo en una causa que ya genera tensión política y podría derivar en responsabilidades institucionales.
En La Plata, donde funcionan los principales organismos provinciales, el tema es seguido de cerca. Organizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres reclaman que la investigación avance sin demoras y con información clara.
