El PJ bonaerense definirá su futuro político en la Justicia: la depuración del padrón de afiliados será clave para las internas previstas el 15 de marzo, en un escenario cargado de tensiones y disputas internas.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa días de máxima tensión política. En la histórica sede de la calle Matheu, la Junta Electoral bonaerense resolvió dar un paso que marca el pulso de la interna: solicitar la intervención de la Justicia Electoral para validar el padrón de afiliados. La decisión, que recayó en el Juzgado Federal con competencia electoral a cargo de Alejo Ramos Padilla, apunta a despejar dudas sobre la transparencia del proceso, pero al mismo tiempo expone la profundidad de las diferencias que atraviesan al peronismo provincial.
El padrón, eje de la disputa
El padrón con corte al 15 de enero será la llave que defina quiénes podrán participar en la elección de autoridades prevista para el 15 de marzo. La definición no es menor: en un escenario donde todavía no se descarta la posibilidad de internas, cada nombre habilitado a votar puede inclinar la balanza. La Junta Electoral busca garantizar que solo los afiliados con antigüedad suficiente tengan derecho a sufragar, una medida que intenta evitar sospechas de afiliaciones masivas de último momento. Sin embargo, esa misma decisión genera recelos en sectores que temen quedar en desventaja frente a sus adversarios.
Ramos Padilla, árbitro de la interna
El juez Ramos Padilla tendrá ahora la responsabilidad de validar el padrón y garantizar que el proceso cumpla con los requisitos legales. Su intervención se convierte en un punto de equilibrio en medio de la disputa, ya que de su resolución dependerá la legitimidad del proceso electoral. La Justicia aparece como árbitro obligado en un partido que, por su peso territorial y político, suele marcar el rumbo de la política nacional.
Escenarios posibles antes de marzo
La definición del padrón abre distintos caminos. Si se confirma la competencia entre listas, la elección interna se perfilará como una pulseada decisiva para medir fuerzas dentro del peronismo bonaerense. Si, en cambio, prospera la idea de una lista de unidad, el padrón validado servirá como garantía de orden institucional. Pero también existe la posibilidad de que las impugnaciones prolonguen el proceso y lo lleven más allá de marzo, un escenario que pondría en jaque la legitimidad de las nuevas autoridades.
El trasfondo político
La disputa por el padrón refleja mucho más que un trámite administrativo. El PJ bonaerense es el distrito más grande del país y su conducción tiene impacto directo en la política nacional. Los sectores alineados con la conducción nacional y aquellos que buscan mayor autonomía en la provincia se enfrentan en un tablero donde cada afiliado cuenta. La definición judicial, entonces, no solo ordenará el proceso interno, sino que también marcará el rumbo de la estrategia política de cara a los próximos meses.
Lo que está en juego
Antes de marzo, el peronismo bonaerense deberá resolver quiénes tienen derecho a votar y, en consecuencia, quiénes decidirán el futuro de la conducción partidaria. La intervención de la Justicia se convierte en el paso inevitable para garantizar transparencia, pero también en el reflejo de una interna que, lejos de apaciguarse, promete intensificarse en las semanas previas a la elección.
