La interna peronista sigue detonada en la Provincia: los bloques de Unión por la Patria se resisten a los plazos electorales propuestos por Axel Kicillof, desatando un choque de estrategias y poder. Ñas razones detrás de esta rebelión, el rol de Cristina Kirchner y cómo este conflicto podría cambiar el rumbo de las elecciones 2025.
En la provincia de Buenos Aires, las elecciones legislativas de 2025 han desatado una intensa disputa política, especialmente dentro de Unión por la Patria (UP), el frente que governa el territorio bajo el liderazgo de Axel Kicillof. Una de las controversias más destacadas es la negativa de sectores clave de UP a respaldar los plazos electorales propuestos por el gobernador para los comicios provinciales.
Este desacuerdo no solo refleja tensiones internas dentro del peronismo, sino que también pone en juego estrategias electorales y dinámicas de poder de cara al futuro político de la provincia y del país. En este artículo, profundizarás en las razones detrás de esta resistencia, analizando los factores políticos, estratégicos y logísticos que explican por qué los bloques de UP no han votado los plazos electorales impulsados por Kicillof.
La interna en el centro de la escena
Para entender por qué los bloques de Unión por la Patria no han apoyado los plazos electorales propuestos por Kicillof, es fundamental situarse en el contexto de la interna peronista. La provincia de Buenos Aires es un bastión histórico del peronismo, pero las diferencias entre las distintas facciones del movimiento han generado fricciones significativas. Por un lado, está el sector liderado por Kicillof, agrupado en el Movimiento Derecho al Futuro, que busca consolidar su liderazgo provincial y proyectarse hacia 2027 como una figura central en la oposición nacional. Por otro lado, se encuentra el sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Partido Justicialista (PJ) nacional, que prioriza una estrategia de unidad y simultaneidad electoral para enfrentar al gobierno de Javier Milei.
La propuesta de Kicillof incluía modificar los plazos electorales establecidos en la Ley Electoral 5109 y el Decreto-Ley 9889, extendiendo los tiempos para la convocatoria a elecciones (100 días de anticipación), la presentación de alianzas (80 días), el cierre de listas (70 días) y la presentación de boletas (50 días). Estas modificaciones, solicitadas por la Junta Electoral y la Justicia Federal, buscaban facilitar la organización de una elección desdoblada el 7 de septiembre de 2025, separada de los comicios nacionales del 26 de octubre. Sin embargo, la resistencia de los bloques de UP, especialmente en el Senado, revela una combinación de motivos estratégicos, logísticos y políticos.
Diferencias estratégicas sobre el desdoblamiento electoral
Uno de los principales motivos de la negativa de los bloques de UP a votar los nuevos plazos electorales radica en el rechazo al desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. Kicillof argumenta que votar el mismo día con dos sistemas distintos —boleta sábana para las elecciones provinciales y Boleta Única de Papel (BUP) para las nacionales— generaría un “caos” logístico, dificultando la participación ciudadana y la transparencia del proceso. Esta postura fue respaldada por intendentes y sectores del oficialismo que ven en el desdoblamiento una oportunidad para “provincializar” el debate y destacar la gestión de Kicillof en temas como seguridad, salud y educación.
Sin embargo, el sector kirchnerista, liderado por Cristina Kirchner, considera que el desdoblamiento es un “error político”. Según la exmandataria, fragmentar las elecciones en dos fechas distintas (7 de septiembre y 26 de octubre) divide los esfuerzos del peronismo y debilita su capacidad de enfrentar al oficialismo nacional en un contexto de crisis económica. En un comunicado del 14 de abril de 2025, Cristina Kirchner expresó que “destinar cuantiosos recursos por el desdoblamiento electoral no parece ser lo más aconsejable” en medio de las dificultades económicas provocadas por las políticas de Milei. Además, señaló que provincializar la elección podría restar fuerza a un discurso nacional unificado, crucial para recuperar terreno en el Congreso y los concejos deliberantes.
En el Senado, esta postura se tradujo en la exclusión de los artículos 3 y 4 del proyecto de Kicillof, que contemplaban los nuevos plazos electorales. La coordinación entre los bloques opositores (UCR, PRO y La Libertad Avanza) y la mayoría de UP, liderada por la senadora Teresa García, logró imponer un texto que suspendió las PASO pero mantuvo los plazos vigentes de la ley provincial: 60 días para la convocatoria, 60 días para alianzas, 30 días para listas y 20 días para boletas.
La lucha por el control de las Listas y la Campaña
Otro factor clave detrás de la resistencia de los bloques de UP es la lucha por el control de las listas legislativas y la duración de la campaña electoral. Los plazos propuestos por Kicillof habrían extendido la campaña a 70 días, dando más tiempo para negociar candidaturas y movilizar votantes. Sin embargo, el sector kirchnerista y otros aliados prefieren una campaña más corta, de aproximadamente 30 días, como establece el cronograma actual, con cierre de listas el 8 de agosto y elecciones el 7 de septiembre.
Esta preferencia responde a una estrategia política: un período de campaña reducido limita la capacidad de Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro para consolidar candidaturas propias y competir con las listas impulsadas por La Cámpora o el PJ. Según fuentes legislativas, el kirchnerismo teme que una campaña prolongada beneficie a Kicillof en su intento de fortalecer su armado político, especialmente en secciones electorales clave como la Tercera, donde Cristina Kirchner podría presentar su propia candidatura. Una campaña corta, en cambio, favorece a los sectores con mayor estructura territorial, como La Cámpora, que ya cuentan con una base consolidada.
La senadora Teresa García, alineada con Cristina Kirchner, argumentó que “con la situación que está pasando la gente, no quiero ni pensar en una elección de setenta días pegando carteles”. Esta declaración refleja no solo una preocupación por la percepción pública, sino también un cálculo político para minimizar el impacto de la campaña de Kicillof.
Presiones logísticas y lapPosición de la Junta Electoral
La Junta Electoral provincial ha jugado un papel crucial en el debate, advirtiendo sobre la “imposibilidad material” de cumplir con los plazos actuales en un escenario sin PASO y con elecciones desdobladas. En cartas dirigidas a los presidentes del Senado, Verónica Magario, y de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, la Junta señaló que los tiempos establecidos en la ley provincial no son suficientes para organizar un proceso electoral con más de 13 millones de electores y 40,000 mesas de votación.
A pesar de estas advertencias, los bloques de UP, junto con la oposición, han optado por mantener los plazos vigentes, argumentando que modificar la Ley Electoral en un año electoral podría generar incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Esta decisión refleja una postura conservadora, pero también un intento de limitar las facultades de Kicillof para redefinir el cronograma a su conveniencia. Algunos legisladores opositores, como el radical Agustín Máspoli, han señalado que “estar discutiendo cuestiones electorales en el año de las elecciones no es lo ideal”, sugiriendo que el debate sobre los plazos debió resolverse con mayor antelación.
La influencia de Cristina Kirchner y la unidad del Peronismo
La intervención de Cristina Kirchner ha sido determinante en la negativa de los bloques de UP a respaldar los plazos de Kicillof. A pesar de su inicial oposición al desdoblamiento, el 14 de abril de 2025, la expresidenta ordenó a los jefes de bloque, Teresa García y Facundo Tignanelli, desistir del proyecto de elecciones concurrentes y acompañar la suspensión de las PASO, pero sin modificar los plazos electorales. Este gesto, descrito como un intento de preservar la unidad del peronismo, dejó en claro que el kirchnerismo no está dispuesto a ceder en todos los frentes.
Cristina Kirchner argumentó que, aunque sigue considerando el desdoblamiento un error, la prioridad es evitar una fractura interna que debilite al peronismo frente a La Libertad Avanza y el PRO, que podrían formar una alianza electoral. Sin embargo, su decisión de no apoyar los plazos de Kicillof también responde a una estrategia de contención: limitar el poder del gobernador para imponer su agenda y preservar la influencia del PJ en la definición de candidaturas y estrategias electorales.
El impacto en el futuro político de Kicillof
La negativa de los bloques de UP a votar los plazos electorales de Kicillof tiene implicaciones significativas para el futuro político de la provincia. Por un lado, el gobernador enfrenta el desafío de organizar una elección desdoblada con un cronograma ajustado, lo que podría generar tensiones logísticas y críticas por parte de la oposición. Por otro lado, la resistencia interna pone en evidencia las dificultades de Kicillof para consolidar su liderazgo dentro de Unión por la Patria, especialmente frente a figuras como Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, quienes buscan mantener el control del armado electoral.
A corto plazo, el peronismo deberá trabajar en la unidad para evitar una fractura que beneficie a La Libertad Avanza o al PRO, que ven en el desdoblamiento una oportunidad para capitalizar la división del voto peronista. A largo plazo, el resultado de las elecciones de 2025 será crucial para definir si Kicillof logra posicionarse como el líder indiscutido del peronismo bonaerense o si el kirchnerismo mantiene su hegemonía en el movimiento.
