Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en mostrarse inflexible ante los reclamos de las provincias, el programa económico muestra señales crecientes de fragilidad. A horas de una sesión clave en el Senado, donde podrían avanzar proyectos impulsados por los gobernadores que afectan directamente la caja de Nación, la administración libertaria se enreda en contradicciones, defensas insólitas y una realidad fiscal que se aleja de los relatos oficiales.
Una de las jugadas del oficialismo fue otorgarle un “off the record” al periodista Alejandro Fantino, con el objetivo de instalar que la aprobación de ciertas leyes en la Cámara alta pondría en riesgo el superávit fiscal. Sin embargo, el resultado fue contraproducente: Fantino terminó pintando un escenario de crisis inminente, describiendo al programa económico como “una nave espacial con tres reactores a punto de explotar” y advirtiendo sobre una posible disparada del dólar, riesgo país en alza y tensión social.
Las repercusiones no se hicieron esperar. Las declaraciones se viralizaron rápidamente y dejaron en evidencia lo que muchos ya venían advirtiendo: el ajuste tiene límites y la economía no está tan “ordenada” como sostienen desde el Gobierno. Ante el revuelo, tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el propio Milei, intentaron desmarcarse. Hablaron de “ediciones adulteradas con inteligencia artificial” y acusaron una “opereta” mediática. Incluso el Presidente, en un fallido intento de explicar la situación, confundió “cut and paste” con “cat and paste”.
Lo cierto es que la exposición de esa conversación dejó al descubierto la falta de una estrategia política clara del Ejecutivo para contener a los gobernadores. A pocas horas de una sesión que puede marcar un punto de inflexión, nadie del oficialismo se comunicó con las provincias para buscar consensos, y en los distritos aseguran que si el superávit nacional se sostiene sobre los recursos que les corresponden por ley, entonces se trata de un “superávit trucho”.
“El relato de la responsabilidad fiscal se cae si los números cierran ajustando a las provincias”, cuestionó Facundo Torres, presidente de la Legislatura de Córdoba, quien además advirtió: “La Nación no está ajustando, está transfiriendo el esfuerzo al interior”.
Sesión clave en el Senado
Este jueves desde las 14, el Senado vivirá una jornada caliente. Representantes de distintos bloques se autoconvocaron para tratar una serie de proyectos que vienen empujando desde hace semanas, pese a los intentos del oficialismo por dilatar su tratamiento. Serán siete los temas en disputa, entre ellos: la actualización del bono jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Todos temas sensibles para las arcas de Nación.
Pese a que algunos proyectos cuentan con media sanción de Diputados, el Ejecutivo ya anticipó posibles vetos. Mientras tanto, el quorum no sería un obstáculo: con 37 senadores presentes, la sesión podría avanzar. Sin embargo, sobrevuela la incertidumbre por cuestiones reglamentarias: varios dictámenes no contaron con una convocatoria formal de comisión, por lo que su tratamiento requeriría de una mayoría especial.
El secretario parlamentario Agustín Giustinian desató una interna al publicar una resolución que objetó la validez de esos dictámenes. Su accionar fue duramente criticado por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, y por otros legisladores, incluso dentro del propio oficialismo.
Más allá de los tecnicismos, lo que se juega este jueves es una pulseada política de fondo: los gobernadores, de todos los colores, buscan recuperar parte de los recursos retenidos por la Nación. Y el Gobierno, sin margen para ceder, recurre a maniobras mediáticas para frenar una avanzada que amenaza con dinamitar su relato de orden fiscal.
Fin del superávit: junio cerró con un rojo de $2,7 billones
A la tensión política se suma un dato económico que complica aún más el panorama: la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó que en junio el Estado Nacional registró un déficit financiero devengado de $2,743 billones. El desequilibrio primario fue de $1,019 billones, mientras que los compromisos de deuda explican el resto.
Este resultado pone fin a la seguidilla de cinco meses de superávit que el Gobierno venía utilizando como bandera de gestión. Según la OPC, el aumento del gasto en junio se explica principalmente por el pago del medio aguinaldo a trabajadores estatales y jubilados, sumado al impacto de mayores transferencias sociales y giros a las provincias.
En paralelo, la recaudación cayó en términos reales. La eliminación del impuesto PAIS —clave en los ingresos del primer semestre— y la baja del impuesto a las Ganancias explican buena parte de la merma. Mientras tanto, el gasto en jubilaciones trepó de $4,1 billones en mayo a $6 billones en junio, y el gasto en personal creció un 36% en solo un mes.
Desde el oficialismo insisten en que se trata de una situación “estacional”, pero los datos no acompañan esa idea: la base monetaria creció 17,7% en junio, un combustible directo para la inflación, que ya empezó a mostrar señales de rebote.
