El tratamiento del Presupuesto 2026 se convirtió en un foco de tensión creciente para el Gobierno nacional. A horas de una sesión clave en el Senado, el oficialismo enfrenta resistencias internas y externas por el artículo 30, que propone recortes y derogaciones en partidas vinculadas a educación, universidades, ciencia, tecnología y defensa.
Lo que en un principio aparecía como una ley de gastos de aprobación relativamente sencilla pasó a ser un problema político de primer orden para la Casa Rosada, con impacto directo en áreas sensibles y fuerte repercusión en distritos como La Plata, donde el sistema universitario y científico tiene un peso estructural.
El artículo que encendió las alarmas
El artículo 30 del Presupuesto 2026 ya fue aprobado en Diputados, pero en el Senado el escenario es más complejo. Sectores dialoguistas, en especial dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), adelantaron reparos para acompañar una iniciativa que elimina garantías mínimas de financiamiento educativo.
El kirchnerismo detectó rápidamente esa debilidad y apuesta a que el rechazo de ese artículo obligue al Ejecutivo a retroceder y prorrogar nuevamente el Presupuesto vigente, una señal política negativa para el gobierno de Javier Milei.
Radicales en alerta y números ajustados
Dentro del bloque radical hay senadores con fuerte trayectoria en el ámbito universitario y educativo, como Maximiliano Abad (Buenos Aires) o Flavio Fama (Catamarca), ex rector universitario. Ambos aparecen entre los legisladores menos proclives a acompañar recortes que afectan directamente al sistema educativo y científico.
El oficialismo calcula un piso de 44 votos: 21 de La Libertad Avanza, 10 de la UCR, tres del PRO y aliados provinciales. Sin embargo, no todos esos apoyos están garantizados, y el margen para absorber disidencias es mínimo.
Qué fondos busca recortar el Gobierno
El artículo 30 no se limita a educación básica. El texto propone derogar o modificar leyes clave que establecen pisos de inversión estatal:
- Educación: se elimina la obligación de que el gasto consolidado en educación no sea inferior al 6% del PBI, meta fijada por la Ley 26.075.
- Ciencia y tecnología: se reduce el financiamiento garantizado al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
- Educación técnica: se desactiva el fondo específico equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes nacionales, destinado a escuelas técnicas.
- Defensa: se recorta el esquema del FONDEF, que debía sostenerse en torno al 0,8% de los ingresos corrientes.
Desde provincias del interior ya llegaron advertencias por el impacto que estos recortes tendrían en universidades, institutos tecnológicos y economías regionales.
La presión política y el rol del kirchnerismo
Mientras el oficialismo intenta sostener el texto original, el kirchnerismo acelera su estrategia. Con Jorge Capitanich como posible miembro informante del bloque, la oposición recibió a estudiantes de escuelas técnicas y comenzó a visibilizar el impacto concreto del ajuste.
Si el artículo 30 se rechaza en la votación en particular, el Gobierno quedaría obligado a reabrir la negociación del Presupuesto 2026, en un contexto legislativo cada vez más adverso.
Milei analiza avanzar por DNU tras la votación
En paralelo al debate parlamentario, el presidente Javier Milei evalúa avanzar por decreto para dejar sin efecto las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, que ya fueron sancionadas y ratificadas por el Congreso tras vetos presidenciales.
Especialistas en derecho constitucional advierten que una medida de ese tipo sería difícil de sostener judicialmente, ya que implicaría una regresión de derechos y no cumpliría con los requisitos de necesidad y urgencia que exige la Constitución.
Aun así, en el Gobierno analizan la jugada como una señal política para ganar tiempo y sostener el objetivo del déficit cero, incluso asumiendo el costo institucional.
Un debate con impacto directo en La Plata
Más allá de la disputa en el Congreso, el debate por el Presupuesto 2026 tiene consecuencias concretas para ciudades como La Plata, donde la universidad pública, la investigación científica y la educación técnica son motores centrales de la actividad económica, social y cultural.
El desenlace del artículo 30 no solo definirá el rumbo del Presupuesto, sino también el nivel de conflictividad política que el Gobierno esté dispuesto a asumir en su relación con el Congreso y con sectores clave de la sociedad.
