El Gobierno nacional reconfiguró su estrategia para intentar aprobar el Presupuesto 2026 antes de fin de año. Tras el revés político en Diputados y las dificultades para ordenar a sus propios aliados en el Senado, la Casa Rosada resolvió no insistir —al menos por ahora— con la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. En su lugar, avanzó en una serie de propuestas alternativas que buscan sostener el equilibrio fiscal, una condición que el presidente Javier Milei considera innegociable.
La decisión se terminó de cerrar en las últimas horas, luego de intensas reuniones en Balcarce 50 y en medio de un clima interno marcado por tensiones políticas y errores de coordinación. “No se derogan las leyes, se hace un esfuerzo económico importante y se mantiene el déficit cero”, resumió un funcionario con llegada directa al despacho presidencial.
La marcha atrás con las derogaciones
Aunque en el círculo más cercano a Milei se había evaluado volver a impulsar las derogaciones en el Senado, finalmente esa opción quedó descartada. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía trabajaron contrarreloj en una contrapropuesta que permita avanzar con la sanción del Presupuesto, que ya obtuvo dictamen en la Cámara Alta sin modificaciones respecto del texto aprobado por Diputados.
Este viernes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una reunión clave junto a Patricia Bullrich, Santiago Caputo, los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), además de Martín y Eduardo “Lule” Menem, para ordenar la hoja de ruta legislativa durante las sesiones extraordinarias.
Discapacidad: cambios para acotar el gasto
En el capítulo de discapacidad, el Ejecutivo propone respetar la ley de emergencia, pero con ajustes que apunten a contener el impacto fiscal. Entre los principales puntos figura que la pensión no contributiva se establezca en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones atadas al esquema previsional vigente.
Además, la pensión sería compatible con un empleo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800. También se mantendría la compensación retroactiva de emergencia, ajustada según los aranceles vigentes entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la evolución del IPC.
El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedarían a cargo de definir trimestralmente los mecanismos de actualización, en conjunto con el directorio del sistema de prestaciones. En paralelo, el Gobierno impulsa acelerar las auditorías para detectar y dar de baja pensiones con irregularidades.
Otro punto sensible es la eliminación de la nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada en la ley vigente. El Ejecutivo propone mantener únicamente la pensión por invalidez laboral, con el argumento de evitar una ampliación “desproporcionada” del universo de beneficiarios.
Universidades: más fondos, pero ajustes salariales escalonados
En relación con el financiamiento universitario, el Gobierno tampoco avanzará con la derogación de la ley, aunque plantea modificaciones. La principal es un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, tomando como base los créditos asignados para 2025.
En materia salarial, la actualización automática por inflación quedaría reemplazada por un esquema escalonado: un aumento del 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro incrementos del 2% entre enero y abril de 2026. Recién en junio, el Poder Ejecutivo evaluaría si corresponde una compensación adicional por inflación. También se prevé reconocer el aumento de becas ya aprobado.
El capítulo XI, otra vez en el centro de la disputa
Con las derogaciones fuera del texto, el oficialismo insiste en incorporar otros artículos del capítulo XI del proyecto original, especialmente los vinculados a los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. La movida se da tras el reciente encuentro entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro Luis Caputo en el Palacio de Hacienda.
En la Casa Rosada aseguran que flexibilizar este capítulo es clave para destrabar negociaciones con gobernadores y bloques aliados que ya mostraron resistencia en Diputados. El objetivo sigue siendo aprobar el Presupuesto en diciembre y avanzar luego, en febrero, con la reforma laboral y cambios tributarios.
Un dictamen sin cambios y un nuevo golpe político
Mientras tanto, el Senado firmó dictamen del Presupuesto 2026 sin reponer el capítulo eliminado por Diputados. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, confirmó que el oficialismo reunió 11 firmas y que el texto podría tratarse el próximo 26 de diciembre. Es el mismo proyecto que llegó desde la Cámara Baja.
El traspié expuso las dificultades del Gobierno para alinear a sus aliados. La estrategia de Patricia Bullrich para introducir cambios de último momento fue rechazada de plano, y hasta una sugerencia de corregir el texto vía DNU generó más desconcierto que apoyos. En paralelo, el ministro Diego Santilli quedó desdibujado tras anticipar públicamente una corrección del capítulo XI que nunca se concretó.
La oposición no tardó en capitalizar el escenario. Desde el peronismo advierten que el Gobierno carece del respaldo político que reclama el FMI y reclaman “aprender de los errores”. En el oficialismo, en cambio, repiten el mantra que ordena toda la discusión: el Presupuesto podrá ajustarse, pero el déficit cero no se negocia.
