El proyecto de Presupuesto 2026 que el Gobierno buscará aprobar en las sesiones extraordinarias de diciembre vuelve a encender la tensión con el sistema universitario. Aunque las partidas para las Universidades Nacionales aumentarán a 4,8 billones de pesos, los rectores rechazan la propuesta por considerarla insuficiente y porque no respeta la ley votada por el Congreso, que prevé una actualización progresiva del financiamiento.
El reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) es contundente: para sostener el funcionamiento básico de las instituciones, cubrir costos de mantenimiento y recomponer los salarios del personal docente y no docente, se necesitan al menos 7,2 billones de pesos. La diferencia entre lo que figura en el proyecto oficial y lo solicitado por los rectores vuelve a reiterar un conflicto que lleva todo el año y que impacta de lleno en la vida académica, administrativa y científica de universidades de todo el país, incluida la UNLP, una de las más grandes del sistema.
El Gobierno no aplicará la ley aprobada
La brecha entre ambas posturas se profundizó luego de que el Poder Ejecutivo confirmara que no aplicará la ley de actualización automática que el Congreso aprobó por insistencia tras el veto presidencial. El argumento oficial es que la norma no especificaba de dónde saldrían los recursos adicionales. La decisión generó el rechazo de rectores, gremios universitarios y bloques opositores, que ven en este retroceso una señal de desfinanciamiento sostenido del sistema.
Pese a la postura del Gobierno, algunos diputados aliados no descartan introducir modificaciones en el debate parlamentario para mejorar las partidas destinadas a las casas de estudio. De concretarse, sería la primera concesión en meses en un área donde las tensiones políticas se han vuelto habituales.
Nuevas exigencias de control
El texto del Presupuesto incluye además nuevas condiciones para la administración de fondos. Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información detallada sobre la asignación, ejecución y evaluación del dinero que reciben. La presentación fuera de término habilitará al Ministerio de Educación a interrumpir transferencias, una herramienta que suma presión sobre el sistema.
El proyecto también exige que los presupuestos universitarios clasifiquen su gasto bajo las funciones de educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución contable deberá adecuarse a esos criterios, un requisito que agrega más carga administrativa a instituciones con equipos ya tensionados por la falta de recursos.
Financiamiento educativo: retrocesos acumulados
La discusión no se limita a las universidades. El Presupuesto 2026 también confirma que tampoco se aplicará —por tercer año consecutivo— la Ley de Financiamiento Docente, que establece un piso del 6% del PBI para la inversión educativa. Tampoco se cumplirán los parámetros fijados por la Ley de Educación Técnico Profesional ni por la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) subrayó que el Gobierno decidió “derogar los pisos de inversión” establecidos en la Ley de Educación Nacional. Esto implica que los porcentajes mínimos, antes fijados por ley, quedarán sujetos a lo que determine cada Presupuesto anual.
La OPC recordó que el objetivo del 6% del PBI solo se cumplió en un año desde que fue establecido. También señaló que el fondo para Educación Técnico Profesional solo alcanzó el piso del 0,2% de los ingresos corrientes en su primer ejercicio, y que las metas de crecimiento progresivo para Ciencia y Tecnología nunca llegaron a cumplirse.
Un debate que también toca a La Plata
Para una ciudad universitaria como La Plata, donde más de 200 mil estudiantes generan un impacto directo en la economía local, el nivel de financiamiento de la UNLP no es un debate abstracto. Desde becas y comedores hasta investigación y extensión, cada peso que se discute en el Congreso repercute en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y en el movimiento económico que sostiene miles de empleos.
Con negociaciones políticas abiertas y rectores en alerta, el debate presupuestario vuelve a mostrar que el financiamiento universitario será uno de los temas centrales del cierre del año legislativo.
