La media sanción del Presupuesto 2026 dejó al gobierno de Javier Milei frente a un escenario incómodo: logró aprobar la ley en general en la Cámara de Diputados, pero perdió el núcleo político y fiscal del proyecto. La caída del capítulo que incluía recortes al financiamiento universitario y la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad abrió una crisis interna, expuso fallas en la estrategia parlamentaria y reactivó la posibilidad —nada habitual— de que el Presidente termine vetando su propio Presupuesto.
En la Casa Rosada el diagnóstico es unívoco: el texto aprobado “no sirve” porque, según el oficialismo, compromete el objetivo de déficit cero. “Así nos quieren forzar a gobernar con déficit”, repiten en despachos clave. El malestar no es solo económico: también hay pases de factura políticos, con nombres propios y alianzas que quedaron heridas tras una sesión que terminó muy lejos de lo planificado.
El golpe en Diputados y los reproches internos
El capítulo rechazado —identificado como Capítulo XI— concentraba las medidas más sensibles del ajuste: la eliminación del financiamiento universitario, la derogación de la emergencia en discapacidad y otros cambios en regímenes sociales. Fue rechazado por 123 votos contra 117, pese a que el oficialismo había apostado a una votación fragmentada para minimizar costos políticos.
Dentro del Gobierno, los primeros señalados fueron Martín Menem, presidente de la Cámara, y su primo “Lule” Menem, responsables del armado legislativo. En Balcarce 50 cuestionan que no hayan logrado retener los votos de diputados que responden a gobernadores con los que se habían negociado apoyos a cambio de ATN, cargos en la AGN y gestos políticos de peso.
Los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) terminaron jugando en contra del capítulo clave, al igual que Rolando Figueroa (Neuquén). También hubo fisuras en la UCR y abstenciones inesperadas que alimentaron la bronca interna. El resultado: el oficialismo rompió puentes con aliados tradicionales —como el PRO— y quedó dependiendo de acuerdos frágiles y tardíos.
Universidades, discapacidad y una estrategia fallida
El rechazo no fue una sorpresa total. Varios gobernadores y bloques dialoguistas habían anticipado que no acompañarían recortes en universidades y discapacidad, dos áreas con alto impacto social y fuerte respaldo público. Aun así, el Gobierno insistió en atar esos puntos a otros gastos sensibles, como el Hospital Garrahan y las cajas previsionales, en una maniobra que terminó volviéndose en contra.
La oposición denunció intentos de “ocultamiento” y maniobras reglamentarias. El diputado Agustín Rossi fue especialmente crítico y habló de una sesión “bochornosa”, con errores de dictamen y una ingeniería parlamentaria que terminó desnudando la falta de conducción política del oficialismo en el Congreso.
Caputo, el diseño económico y el costo político
Otro foco de tensión apunta al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, señalado como el principal impulsor del capítulo rechazado. En el ala política del Gobierno reconocen que nadie se animó a frenar una propuesta que tenía altas probabilidades de naufragar. Caputo, empoderado como pocos funcionarios, volvió a quedar en el centro de una disputa silenciosa entre el diseño técnico del ajuste y su viabilidad política.
Para el oficialismo, el problema de fondo es estructural: las leyes que el Congreso decidió mantener vigentes —universidades y discapacidad— fueron vetadas por Milei y luego restituidas por insistencia parlamentaria. “Solo discapacidad representa varios puntos del PBI”, insisten cerca del Presidente, en una discusión que combina números fiscales y una fuerte carga ideológica.
La Justicia, otro frente abierto
En paralelo a la derrota legislativa, el Gobierno apeló el fallo del juez federal de Campana Adrián González Charvay que ordenó ejecutar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválida la suspensión dispuesta por decreto. La apelación, presentada por la Procuración del Tesoro, no frena el cumplimiento del fallo mientras interviene la Cámara Federal de San Martín.
La resolución judicial fue contundente: cuestionó el argumento presupuestario del Ejecutivo, advirtió sobre una violación al sistema republicano y habló de una situación de discriminación hacia personas con discapacidad. El juez recordó, además, que la propia ley habilita la reasignación de partidas y rechazó la idea de postergar la respuesta estatal a una promesa futura en el Presupuesto 2026.
¿Veto, demora o nuevo intento?
Con este panorama, el Gobierno analiza distintas salidas: demorar el envío del Presupuesto al Senado, intentar modificar el texto y devolverlo a Diputados o avanzar directamente con un veto total si la Cámara alta lo aprueba sin cambios. Esta última opción, que gana peso en la Casa Rosada, profundizaría el conflicto político con gobernadores y el Congreso, pero preservaría el control fiscal que Milei considera irrenunciable.
Mientras tanto, la administración libertaria sigue gobernando con presupuestos prorrogados, una herramienta que ya utilizó en 2024 y 2025 y que le permitió aplicar el ajuste sin una nueva Ley de Leyes. Esta vez, sin embargo, el contexto es más exigente: los gobernadores reclaman previsibilidad y el Fondo Monetario Internacional observa de cerca.
El Presupuesto 2026 avanzó, pero lo hizo con un texto que el propio Gobierno pone en duda. Para La Libertad Avanza, la discusión ya no es solo legislativa: es una pulseada política sobre quién fija los límites del ajuste y hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo para sostener su hoja de ruta.
