El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto definitivo de reforma laboral, una iniciativa que vuelve a tensar la agenda política y sindical. Tras varias semanas de negociaciones dentro del Consejo de Mayo —un espacio que reunió a funcionarios, gobernadores, empresarios y sindicatos—, el oficialismo cerró un texto que busca rediseñar buena parte de las relaciones laborales en Argentina. El paquete abarca desde vacaciones e indemnizaciones hasta regulaciones para plataformas digitales y el régimen de casas particulares y trabajo agrario.
En una ciudad como La Plata, donde conviven una administración pública robusta, sectores privados en permanente ajuste y un creciente universo de trabajadores informales, los cambios prometen generar debate. El Gobierno sostiene que el objetivo es “modernizar”, mientras que buena parte del sindicalismo anticipa conflicto.
Vacaciones y banco de horas: flexibilización con límites
Uno de los primeros capítulos apunta a las vacaciones. El proyecto mantiene los pisos de la Ley de Contrato de Trabajo, pero incorpora la posibilidad de pactar —de manera individual o colectiva— períodos más extensos. También reafirma que el descanso debe otorgarse entre el 1º de octubre y el 30 de abril, con aviso previo de 30 días.
La novedad es el fraccionamiento: cada tramo no podrá ser menor a siete días corridos y al menos una vez cada tres años el descanso deberá incluir parte del verano. Sólo se podrá otorgar vacaciones fuera del período habitual con autorización estatal.
La reorganización del tiempo de trabajo es otro punto fuerte. Se habilita formalmente el “banco de horas”, un esquema que permite compensar jornadas largas con otras más cortas, siempre dentro de los topes semanales. Para aplicarlo será necesario un acuerdo escrito y voluntario entre empleador y trabajador, mientras que los convenios colectivos podrán fijar promedios para el cálculo de la jornada máxima. Se mantienen los descansos mínimos: 12 horas entre turnos y 35 horas semanales.
Indemnizaciones y despidos: fondos sectoriales y nuevos topes
El proyecto cambia el corazón del sistema indemnizatorio. El modelo tradicional podrá reemplazarse por fondos o seguros de cese sectoriales, financiados por aportes patronales mensuales. Para calcular la base indemnizatoria se tomarán el salario básico, sumas habituales y antigüedad, pero se excluyen pagos extraordinarios o gratificaciones esporádicas.
La remuneración “normal y habitual” será la percibida al menos durante seis meses en el último año. La base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable y tendrá un piso del 67%.
En despidos sin causa se mantiene el criterio de un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando la mejor remuneración mensual del último año. Si la Justicia declara nulo un despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto o cobrar la indemnización.
El proyecto también define servicios mínimos ante conflictos en sectores considerados esenciales. En áreas críticas deberán garantizarse el 75% de las prestaciones, mientras que en actividades estratégicas —salud, energía, transporte, logística, educación, bancos y comercio digital— se fijan mínimos del 50%.
Remuneraciones y documentación laboral digital
Otro bloque relevante apunta a la digitalización obligatoria de los recibos de sueldo, planillas de asistencia, certificados médicos y documentación laboral. Toda esta información tendrá validez legal equivalente al papel. Los recibos deberán detallar aportes, contribuciones y cualquier ítem adicional, y la Autoridad de Aplicación podrá requerir más datos para mejorar la transparencia.
Enfermedad, ausencias y reincorporación
Los certificados médicos digitales pasan a tener plena validez legal y podrán ser verificados por empresas o seguridad social mediante un sistema centralizado. La reincorporación sólo será válida con alta médica definitiva. Si el retorno es parcial, el salario deberá adecuarse a la capacidad laboral recuperada. El empleador, además, deberá notificar formalmente las ausencias prolongadas antes de aplicar sanciones.
Regímenes especiales: casas particulares y trabajo agrario
En el servicio doméstico, el período de prueba se estira a seis meses y los recibos pasan a ser completamente electrónicos. La constancia bancaria funcionará como comprobante suficiente de pago. Se fijan reglas específicas para descansos, ropa de trabajo y seguros.
En el ámbito agrario se crea un contrato permanente con un período de prueba de ocho meses. Durante ese lapso cualquiera de las partes podrá finalizar la relación sin indemnización, con aviso de 15 días. La negociación colectiva definirá los salarios, que no podrán estar por debajo del mínimo vital y móvil. La remuneración por rendimiento tendrá un piso acordado entre las partes, incluso si factores externos impiden alcanzar el nivel esperado.
Fondos de Asistencia Laboral y nuevas reglas para repartidores
La propuesta incluye la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con aportes patronales equivalentes al 3% de la remuneración computable. Funcionarán como respaldo ante despidos en el sector privado y su administración no generará obligaciones directas hacia los trabajadores.
Además, se incorpora un Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías, que regulará la actividad en plataformas tecnológicas. Los repartidores deberán registrarse en ARCA, aportar, contar con cobertura social y tener una cuenta bancaria. También tendrán derechos específicos: rechazar pedidos, conocer motivos de bloqueos y conservar el total de las propinas.
Transferencias, subcontratación y responsabilidades empresariales
El texto aclara la responsabilidad solidaria en casos de subcontratación o transferencias de establecimientos. El empleador podrá limitar su responsabilidad si verifica la identidad y la situación legal de la otra parte. También se fijan nuevas reglas para empresas vinculadas.
Justicia laboral, prácticas sindicales y conflictos colectivos
El proyecto incorpora sanciones cuando la Justicia detecte “pluspetición inexcusable”, es decir, reclamos desmedidos sin fundamento. También ordena a los juzgados enviar antecedentes de empleo no registrado para acelerar la regularización.
En materia sindical se regula la realización de asambleas: deberán tener autorización previa, el tiempo no será remunerado y se reduce el crédito horario de los delegados a diez horas mensuales. Los bloqueos y tomas de establecimientos serán considerados infracciones muy graves. Se redefine además el proceso para obtener y mantener personería gremial.
Convenios colectivos y fin de la ultraactividad
Uno de los puntos más sensibles para el mundo gremial es la eliminación de la ultraactividad: al vencer un convenio, las condiciones se mantienen sólo hasta que se firme uno nuevo o se acuerde una prórroga. La autoridad laboral podrá suspender cláusulas ultraactivas si las considera distorsivas. También se establece que los convenios de alcance menor prevalecerán por sobre los de alcance mayor.
Con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), el oficialismo intenta sumar empleo registrado mediante reducciones de contribuciones para nuevas contrataciones. Tendrá vigencia durante un año.
Una reforma que marcará el pulso del debate político
La ambiciosa reforma laboral que impulsa Milei llega en un contexto de caída del empleo privado, tensiones inflacionarias y fuerte fragmentación sindical. Para La Plata, donde conviven trabajadores estatales, sectores industriales en retracción y nuevas modalidades de empleo digital, el debate no será ajeno. El Congreso tendrá la última palabra sobre un proyecto que promete dejar huella en la vida laboral de millones de personas.
