La Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva para siete integrantes de la UOCRA implicados en el violento enfrentamiento en el Hospital San Roque, un caso que expone la feroz interna gremial y los vínculos con barrabravas de Estudiantes y Gimnasia
El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi dio un paso contundente en una de las causas más resonantes de los últimos meses en la región: avaló el pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y dictó la prisión preventiva para siete de los detenidos por la salvaje emboscada ocurrida el 25 de marzo en el Hospital San Roque de Gonnet. Este fallo complica la situación judicial de los acusados, vinculados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y a las barras bravas de Estudiantes y Gimnasia, en un caso que combina violencia gremial, rivalidades futbolísticas y disputas por el control territorial.
Un episodio de caos y violencia
El 25 de marzo, el Hospital San Roque se convirtió en escenario de una batalla campal que dejó seis heridos, destrozos materiales y un profundo impacto en la comunidad. Todo comenzó con una emboscada en las calles 14 y 36, donde Fernando «Fernandito» Sacconi, ladero de Cristian «El Volador» Camilleri, líder de la barra de Gimnasia, fue apuñalado. Trasladado al hospital, el conflicto escaló cuando un grupo de al menos 50 personas, presuntamente instigadas por Iván «El General» Tobar, referente de la UOCRA y de la barra de Estudiantes, irrumpió en la guardia. Armados con cuchillos, palos y armas de fuego, atacaron a los presentes, hiriendo a Camilleri y a otros, además de agredir a policías y causar graves daños al centro de salud.
La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3, reveló que el enfrentamiento no fue un hecho aislado, sino parte de una disputa de larga data por el control de la seccional La Plata de la UOCRA. Tobar, líder de la facción «Blanca y Azul», y Camilleri, aliado de la familia de Juan Pablo «Pata» Medina, mantienen una feroz pugna por el dominio del gremio, que incluye el manejo de obras públicas y recursos sindicales.
La decisión judicial: siete en prisión preventiva
Tras una audiencia virtual celebrada el 5 de mayo, el juez Silva Pelossi resolvió dictar la prisión preventiva para siete de los nueve detenidos en la causa principal, imputados por delitos como tentativa de homicidio agravada, robo agravado por el uso de arma blanca, daño agravado y atentado contra la autoridad. Entre los acusados se encuentran Iván Tobar, sus hijos Rodrigo y Santiago, y otros miembros de la facción «Blanca y Azul», como Brian y Franco Gamarra, Nehuén García y Víctor Alexis Ybarra.
El fiscal Petit Bosnic fundamentó su pedido en la gravedad de los hechos, la existencia de riesgos procesales y la posibilidad de reiteración delictiva, dado el respaldo territorial y los vínculos con barras bravas de los imputados. Además, destacó que las víctimas aún temen represalias, lo que refuerza la necesidad de mantener a los acusados bajo custodia. La defensa, encabezada por el abogado Germán Oviedo, intentó desacreditar las pruebas, argumentando que las acusaciones se basan en «suposiciones» y que no hay evidencia directa de una orden de Tobar para el ataque. Sin embargo, el juez consideró suficientes los elementos recolectados, que incluyen grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de dispositivos electrónicos y cruces de llamadas.
Un octavo detenido fue liberado, mientras que tres sospechosos permanecen prófugos: Roberto Oscar Monzón, Natalio Abrahán Ybarra y Lisandro Alexis Sosa. La fiscalía continúa trabajando en su captura y no descarta nuevas imputaciones, incluyendo la posible figura de asociación ilícita.
Una interna que trasciende el fútbol
El caso ha puesto en el centro de la escena los vínculos entre el sindicalismo, las barras bravas y el poder político en La Plata. La disputa entre Tobar y Camilleri no se limita a la rivalidad futbolística entre Estudiantes y Gimnasia, sino que se proyecta sobre el control de territorios clave en el Gran La Plata, donde la UOCRA tiene un rol preponderante en obras públicas y desarrollos inmobiliarios. La detención de Tobar, además, se suma a otra causa federal por amenazas agravadas, iniciada en 2021 tras la difusión de un video intimidatorio en defensa de «Pata» Medina.
La diputada bonaerense Florencia Retamoso apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y el intendente Julio Alak, acusándolos de «connivencia» con estos grupos y de permitir su accionar «con impunidad». En un proyecto de ley, Retamoso denunció que la violencia en Gonnet es parte de una «estructura de poder» sostenida por el peronismo, lo que generó fuertes repercusiones en la región.
Impacto en la comunidad y reclamos de seguridad
Los trabajadores del Hospital San Roque, pacientes y vecinos de Gonnet aún lidian con las secuelas del episodio. El centro de salud, que sufrió destrozos en puertas y consultorios, fue escenario de pánico, con personal médico y pacientes escondiéndose para resguardarse. Los empleados del hospital emitieron un comunicado exigiendo el fin de la violencia y mayores medidas de seguridad, un reclamo que se extendió a la ciudadanía.
En las redes sociales, la indignación persiste. Usuarios en X han calificado el hecho como «una vergüenza» y piden que la Justicia actúe con firmeza para evitar nuevos episodios. «La UOCRA y las barras no pueden seguir manejando La Plata como si fuera su territorio», escribió un usuario, reflejando el sentir de muchos.
¿Cómo sigue en la causa?
Con la prisión preventiva confirmada, los siete detenidos permanecerán tras las rejas hasta que el caso llegue a juicio oral, salvo que la defensa logre revertir la medida en instancias superiores. La fiscalía, por su parte, avanza en el análisis de nuevas pruebas, como comunicaciones previas al ataque y posibles fuentes de financiamiento de los operativos violentos. La investigación también podría derivar en cargos más graves, como asociación ilícita, si se comprueba la existencia de una estructura organizada detrás de los hechos.
El caso del Hospital de Gonnet no solo sacude a La Plata, sino que expone las complejas redes de poder que operan en la intersección del sindicalismo, el fútbol y la política. Mientras la ciudad espera respuestas, la Justicia tiene el desafío de desarticular estas dinámicas y garantizar que hechos como este no se repitan.
foto: archivo
