El breve beneficio de retenciones cero a las exportaciones de granos terminó en apenas tres días y desató una fuerte interna en el campo. Mientras que las grandes cerealeras aprovecharon la medida y se llevaron ganancias millonarias, los productores aseguran que quedaron totalmente al margen.
El negocio que benefició a pocos
Según estimaciones del sector, unas once compañías agroexportadoras concentraron la operatoria que agotó el cupo de 7.000 millones de dólares habilitado por el decreto oficial. Entre ellas, las multinacionales Bunge, LDC, Cofco y Cargill fueron las más favorecidas.
En el campo el malestar es total. “Fue un acuerdo en una mesa con diez personas. Ganaron 2.000 millones de dólares en tres días. El Gobierno buscó esto”, señalaron desde la Mesa de Enlace, al remarcar que los productores no tuvieron tiempo de colocar los pocos granos que todavía conservaban.
La Federación Agraria Argentina (FAA) fue contundente: “El grano ya estaba en manos de los exportadores. Mientras hablaban con nosotros, el Gobierno cerraba el negocio con las cerealeras. En tres días se cubrió el cupo porque todo ya estaba hablado de antemano”.
Críticas internas y reclamos por transparencia
Incluso en la Sociedad Rural Argentina (SRA), históricamente alineada con el oficialismo, surgieron cuestionamientos. La seccional Rosario advirtió que la medida generó “desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción”.
Otros dirigentes fueron más duros. El ex titular de FAA, Pedro Peretti, calificó el esquema como una “estafa monumental” y lo comparó con el escándalo de las criptomonedas que involucró a Milei: “Las cerealeras ya tenían el grano, lo liquidaron y se llevaron 1.800 millones de dólares”.
Desde Carbap, el titular Ignacio Kovarsky habló de “falta de transparencia y manejo discrecional”, mientras que la productora bonaerense Andrea Passerini lo definió como “un saqueo exprés histórico al chacarero”.
Impacto político y electoral
El enojo llega en un momento clave: a menos de un mes de las elecciones nacionales. En el Gobierno aseguran que la medida no tendrá impacto electoral en provincias productivas como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, porque confían en que el voto rural seguirá castigando al kirchnerismo. Sin embargo, el descontento puede profundizar la fuga de apoyos hacia Provincias Unidas, el espacio opositor que suma adhesiones en el interior.
En la Provincia de Buenos Aires, donde Milei necesita recuperar terreno tras flojos resultados en las secciones rurales, el revés con el campo podría jugarle en contra. “El ánimo duró poquito”, reconoció incluso el presidente de la SRA, Nicolás Pino, cercano al Gobierno.
Cruce en el Congreso
El conflicto también llegó al plano político. El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto para interpelar a Juan Pazo, titular de ARCA, y exigirle explicaciones sobre la medida que duró apenas 72 horas. “Benefició a un puñado de amigos del Gobierno y compromete el déficit cero”, denunció el legislador.
Paulón advirtió que la decisión implicó un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI, más que suficiente —dijo— para financiar políticas sociales y universitarias.
Desde el oficialismo, en cambio, Pazo defendió la medida como “exitosa” y aseguró que permitió consolidar reservas por 7.000 millones de dólares. “El mayor beneficiario es el campo”, afirmó, aunque las entidades rurales sostienen lo contrario.
