La UCR de La Plata denunció un retroceso institucional y exigió respuestas sobre el pasado del coronel Carlos Roque Presti, señalado por organismos de derechos humanos.
La decisión del gobierno de Javier Milei de nombrar al teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa desató una fuerte polémica.
Por primera vez desde 1983, un militar en actividad ocupa esa cartera, lo que para la UCR de La Plata constituye un “retroceso institucional” y una vulneración de principios democráticos. Pablo Nicoletti, presidente del comité radical platense, expresó su “absoluto rechazo” y advirtió que la conducción política de la Defensa no puede recaer en las Fuerzas Armadas.
El peso de la memoria en La Plata
El cuestionamiento local tiene un componente histórico: el padre del flamante ministro, coronel Carlos Roque Presti, fue jefe del Regimiento 7 de La Plata durante la última dictadura militar. Organismos de derechos humanos lo han señalado por su presunta responsabilidad en la operatividad de centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana, Área 113 y la Comisaría 5ª, además de su participación en el operativo en el que fue secuestrada la niña Clara Anahí Mariani.
El silencio del nuevo ministro frente a estas acusaciones fue interpretado por los radicales como una falta de compromiso con la memoria y los derechos humanos.
Cruces políticos y ataque de trolls
La polémica escaló en redes sociales, donde dirigentes radicales fueron blanco de trolls oficialistas que defendieron la designación de Presti. Nicoletti y otros referentes locales denunciaron una campaña de hostigamiento digital que busca acallar las críticas. En paralelo, figuras como Estela de Carlotto calificaron la medida como una “provocación y retroceso”.
Un debate que trasciende la coyuntura
La controversia no se limita a la designación de un ministro: abre un debate más amplio sobre el lugar de las Fuerzas Armadas en democracia y la necesidad de mantener viva la memoria histórica en una ciudad marcada por la represión. Para la UCR platense, la decisión del gobierno nacional “duele más” en La Plata, donde las heridas de la dictadura siguen abiertas.
