Un centenar de estudiantes de la UBA, la UNLP, la UNQ y la UNSAM ingresaron al Palacio Pizzurno. La Policía Federal los desalojó esa misma noche. Sin embargo, el Gobierno no negoció: apeló el fallo que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, Francia cedió ante una movilización masiva en 72 horas y anunció 1.200 millones de euros más para educación. El interrogante ya no es si el reclamo universitario argentino va a escalar. Es hasta dónde.
Una ley que el reclamo universitario argentino exige desde hace un año
La Ley de Financiamiento Universitario tiene más de un año de vida. El Congreso la sancionó en agosto de 2025. Además, los legisladores rechazaron el veto de Milei con los dos tercios que exige la Constitución.
Sin embargo, el Ejecutivo incluyó en el decreto de promulgación una salvedad que suspendió su aplicación efectiva. Así funcionó como lo que el juez federal Martín Cormick llamó un «veto encubierto». Por eso, como informamos días atrás, el magistrado lo declaró inconstitucional y ordenó implementar la ley de inmediato.
La respuesta oficial fue predecible: apelar el fallo. No obstante, los estudiantes ya lo anticipaban. «Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció», resumió Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA. «Se nos acabó la paciencia», concluyó.
Del escrache a los genocidas al escrache a la Corte: una herramienta que Argentina conoce bien
El martes anterior al desalojo, estudiantes de Derecho de la UBA escracharon a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. También escracharon al fiscal Diego Luciani y al juez Julián Ercolini, durante la gala de los Premios Quorum. Los gritos de «La Patria no se vende» cruzaron el Salón de Actos. Sin embargo, los premiados intentaban seguir con la ceremonia.
El escrache no fue casual. Combinó dos ejes políticos bien diferenciados. Por un lado, el rechazo a la Corte por sus posiciones en torno a la Ley de Tierras. Por otro, el cuestionamiento al poder judicial en las causas contra Cristina Kirchner. Así, el reclamo que empezó como defensa de la educación pública fue absorbiendo otras indignaciones.
La herramienta tiene historia en Argentina. En los años 90, las agrupaciones de derechos humanos la inventaron para escrachar a represores de la dictadura. También en 2024, los legisladores que vetaron el aumento de jubilaciones recibieron escraches a la salida del Congreso. De esta manera, el escrache funciona en Argentina como termómetro político: aparece cuando lo institucional no alcanza. Hoy aparece de nuevo.
Lo que aprendió América Latina sobre reclamos estudiantiles que el Gobierno debería leer
El reclamo universitario argentino no surge en el vacío. De hecho, América Latina tiene sus propios antecedentes, y todos señalan en la misma dirección.
En Chile, los estudiantes secundarios se movilizaron masivamente en 2011 por gratuidad y calidad educativa. En ese momento, el gobierno de Piñera tampoco cedió. Sin embargo, la «revolución de los pingüinos» instaló una agenda que no pudo ignorarse. Años después, Chile implementó la gratuidad universitaria. El reclamo perdió las batallas cortas y ganó la larga.
En Colombia, la «Primavera Universitaria» de 2018 también marcó un antes y un después. Los estudiantes forzaron al gobierno de Iván Duque a renegociar el presupuesto universitario en pocas semanas. Asimismo, habían agotado los canales institucionales antes de llegar a ese punto. Cuando tomaron las calles de forma sostenida, el gobierno cedió.
En Brasil, en tanto, una periodista bautizó en 2014 el fenómeno que terminaría con el gobierno de Dilma Rousseff. Eliane Cantanhêde lo llamó «irritación difusa». No era un reclamo ideológico claro. Era, simplemente, una acumulación de fastidios sin nombre preciso. Así comenzó el proceso que terminó con el impeachment, la operación Lava Jato y la llegada de Bolsonaro al poder. La irritación difusa, cuando no encuentra respuesta, no desaparece. Por el contrario, se radicaliza.
Lo que pasó en Francia y lo que no pasó en Argentina
Mientras la Policía desalojaba el Palacio Pizzurno, Francia vivía su propia tormenta estudiantil. Cientos de miles de jóvenes bloquearon más de 1.800 colegios secundarios. Reclamaban mayor financiamiento, mejoras edilicias y cambios en el sistema de inscripción universitaria. Según los organizadores, participaron 450.000 personas. En cualquier caso, el número no fue ignorable.
Sin embargo, la diferencia más significativa no fue cuantitativa. Fue política. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció cinco líneas de acción concretas. Asimismo, confirmó un aumento de 1.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Educación. También dijo algo que ningún funcionario argentino pronunció esta semana: «Las fuerzas del orden no tienen instrucciones de enfrentarse a los estudiantes de secundaria».
En cambio, el Gobierno argentino desalojó a los universitarios con la PFA. Luego anunció que apelaría el fallo judicial. No hubo cinco líneas de acción. Tampoco hubo aumento presupuestario. Ni una frase que distinguiera entre la protesta legítima y el posible desborde.
¿Está el Gobierno preparado para lo que viene?
La pregunta que el Gobierno evita no es si tiene razón sobre el financiamiento. Es si tiene capacidad de sostener esa postura cuando el conflicto escale.
Francia tiene Estado de bienestar, historia de negociación sindical y tradición estudiantil. Por eso, el gobierno de Lecornu sabe que no puede ignorar ese reclamo impunemente. Sin embargo, Argentina tiene algo que Francia no tiene: una ley que el Congreso votó con dos tercios, que el Ejecutivo desconoció por decreto y que la Justicia ordenó aplicar.
El Gobierno puede ganar la apelación judicial. No obstante, no puede ganar el argumento político. Cada desalojo, cada apelación y cada silencio suman legitimidad al reclamo estudiantil. De hecho, es lo que más necesita el movimiento universitario en este momento.
Además, los antecedentes son elocuentes. En 2018, el gobierno de Macri desestimó la primera Marcha Federal Universitaria. Durante 2024, Milei convirtió la primera marcha de su gestión en el mayor fracaso de su estrategia comunicacional. Ahora va por la quinta.
El escrache en Derecho, la toma de Pizzurno y la marcha del 15 de octubre marcan un escenario inédito. Además, se suma la confluencia con otros reclamos sociales, sin precedentes en su forma ni en su acumulación.
Hasta dónde puede llegar
Francia tardó tres días de protestas masivas en anunciar concesiones. En cambio, el Gobierno argentino lleva más de un año de reclamo universitario sin ceder un centímetro.
El 15 de octubre no llega en el vacío. Llega una semana después del desalojo del Palacio Pizzurno. También llega con el escrache a la Corte fresco y con Francia como espejo incómodo en cada pantalla. Además, marchará junto a quienes reclaman por la Ley de Tierras. A su vez, se suma el reclamo por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Así, por primera vez, el movimiento universitario confluye con sectores que nada tienen que ver con los claustros. En otras palabras, el 15 de octubre puede ser la marcha más heterogénea de toda la gestión Milei.
Finalmente, la pregunta no es si el modelo francés puede replicarse aquí. Es qué pasa si los estudiantes argentinos deciden que ya no hay otra alternativa. La Justicia les dio la razón. También el Congreso. Y la calle lo hizo cuatro veces.
Por eso, la quinta marcha llega el 15 de octubre. Esta vez no viene sola.
