La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 144 votos a favor. También dio media sanción a la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. Sin embargo, el artículo 13 fue el punto más polémico de la sesión. Esa norma habilita al BCRA a usar las reservas como garantía de deuda externa sin autorización del Congreso.
El artículo que encendió el recinto
El PRO, la UCR y gobernadores aliados como Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo aportaron los votos decisivos. Por su parte, la oposición exigió votar los artículos más polémicos de forma separada. Eso generó un choque directo entre Germán Martínez y el presidente de la Cámara, Martín Menem.
El titular de Diputados eligió votar el proyecto por capítulos. Así buscó evitar una votación nominal en los puntos más resistidos por la oposición. Martínez lo acusó de no tener «palabra» y lo desafió: «Bajate, que no te da.»
Finalmente, Menem cedió al pedido opositor. El artículo 13 pasó en votación separada: 138 a favor, 110 en contra y 7 abstenciones. También hubo escenas de tensión física: el chaqueño Aldo Leiva, ex combatiente de Malvinas, intentó cruzar el recinto para increpar al santafecino Nicolás Mayoraz.
El artículo 13 es el nodo central del debate. Esa norma habilita al BCRA a ofrecer oro, divisas y activos líquidos como garantía en operaciones de financiamiento externo. Además, permite tomar créditos de bancos internacionales privados y firmar contratos bajo estándares de banca privada, todo eso sin requerir autorización del Congreso.
El oro que nunca se explicó
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también busca blanquear una operación que generó fuertes controversias. En plena madrugada y sin comunicación oficial, los lingotes de oro de las reservas salieron del país en vuelos comerciales. La Bancaria detectó los envíos a través de la transportadora Loomis y British Airways.
El gobierno primero negó la maniobra. Luego, Luis Caputo reconoció que el oro se había trasladado al exterior para obtener rendimiento financiero. Sin embargo, ni Caputo ni Santiago Bausili explicaron cuánto oro salió, dónde quedó depositado ni bajo qué contratos operaba.
Ahora, la nueva norma da cobertura legal a ese tipo de operaciones. De esta manera, la ley autoriza expresamente lo que antes era una maniobra sin respaldo normativo claro. Un operador de mercado fue directo: «Metieron el artículo para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon.»
La independencia cuestionada
El oficialismo presentó la reforma como un blindaje al Banco Central frente a la política. En tanto, sus críticos señalan que esa independencia es, en el mejor de los casos, parcial. Miguel Ángel Pichetto lo dijo sin eufemismos en el recinto.
«¿De qué autonomía hablan cuando el presidente del BCRA es el socio del ministro de Economía?», cuestionó el rionegrino. Por otro lado, señaló que el orden fiscal «es a costa de los jubilados y los trabajadores públicos». Asimismo, advirtió que el Banco Central debe responder al interés general del país y no a un criterio de rigidez económica.
El artículo 3° suma otro elemento de fricción. Esa norma exige dos tercios de ambas cámaras para remover al titular del BCRA. Sin embargo, permite designarlo con mayoría simple. En ese marco, el blindaje protege al funcionario en el cargo sin exigirle el mismo nivel de consenso para llegar a él.
Inocencia Fiscal II avanza al Senado
En la misma sesión maratónica, el oficialismo obtuvo la media sanción de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal. El proyecto cosechó 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones. Además, contó con el apoyo del PRO, la UCR y varios bloques provinciales.
La nueva versión elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al sistema simplificado de Ganancias administrado por ARCA. También establece que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre el organismo recaudador. Asimismo, bloquea la presunción por depósitos bancarios hasta fin de 2027 y reduce en un 25% las multas formales para MiPyMEs.
Por presión de sus aliados, el oficialismo excluyó a los funcionarios públicos de los beneficios principales del régimen. Sin embargo, la oposición rechazó el proyecto con dureza. Martín Lousteau la llamó «ley Adorni y Espert». Por su parte, advirtió que el texto degrada la capacidad del Estado para perseguir evasores, narcos y corruptos.
Ambos proyectos pasan ahora al Senado para su tratamiento definitivo.
