El Senado de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares y le dio media sanción a uno de los proyectos más sensibles de la agenda económica del Gobierno. La votación cerró con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. El texto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados cuando se inicie el período ordinario.
Desde los palcos, la escena fue elocuente: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem siguieron la sesión y celebraron el resultado. Para la Casa Rosada, se trató de un triunfo político vinculado a compromisos asumidos con gobernadores cordilleranos que reclaman reglas más flexibles para dinamizar inversiones mineras e hidrocarburíferas.
Qué cambia con la reforma
La iniciativa modifica la ley 26.639, sancionada en 2010, que estableció presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. El punto central del cambio es la redefinición de las zonas protegidas.
La norma vigente protege tanto los glaciares como las formaciones periglaciares —ecosistemas de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua— por su rol en la regulación hídrica. Allí están prohibidas actividades como la minería, la explotación hidrocarburífera, obras de infraestructura y la liberación de sustancias contaminantes. Solo se permiten investigaciones científicas, rescates y deportes no motorizados.
La reforma mantiene la prohibición absoluta sobre los glaciares, pero introduce una distinción dentro de las áreas periglaciares: solo quedarían vedadas aquellas que cumplan una “función hídrica estratégica” comprobable, es decir, que actúen como reserva de agua dulce o como recarga de cuencas. Las demás podrían habilitarse para actividades productivas.
Para el oficialismo, esto corrige una “ambigüedad jurídica” que frenó proyectos durante más de una década. Para la oposición, abre la puerta a una flexibilización que puede afectar reservas de agua clave, especialmente en provincias patagónicas y cuyanas.
El rol del inventario y la disputa técnica
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, que quedará bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), coordinado por la Secretaría de Energía. Ese inventario deberá identificar glaciares y formas periglaciares y determinar cuáles cumplen función hídrica.
Uno de los puntos más discutidos fue la devolución de competencias a las provincias para realizar estudios de impacto ambiental en áreas periglaciares, algo que hasta ahora estaba centralizado. Gobernadores peronistas de distritos mineros como San Juan y Catamarca aportaron votos clave para la aprobación.
Un debate atravesado por la economía
El trasfondo es evidente: la necesidad de dólares. El Gobierno sostiene que una delimitación más precisa permitirá atraer inversiones en minería —especialmente litio y cobre— y energía, sectores que también impactan en cadenas productivas vinculadas a la industria y la logística.
Desde una mirada más amplia, el mensaje que se buscó enviar es que Argentina quiere reglas claras para integrarse a mercados internacionales en un contexto donde la transición energética demanda minerales estratégicos.
En ese marco, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió superar la discusión entre “agua o trabajo” y aseguró que la “columna vertebral” de la ley no se modifica. En línea similar, el senador fueguino Agustín Coto defendió la reforma como una armonización normativa.
Las críticas: ambiente, federalismo y seguridad jurídica
Del lado opositor, las advertencias fueron contundentes. El rionegrino Martín Soria calificó la reforma como “ideológica” y alertó que en algunas provincias las zonas periglaciares representan entre el 25% y el 50% del recurso hídrico aguas abajo.
Alicia Kirchner habló de “retroceso institucional” y pidió que el proyecto volviera a comisión. Anabel Fernández Sagasti sostuvo que se trata de un cambio de paradigma que flexibiliza estándares ambientales. Desde la UCR, Maximiliano Abad reconoció la tensión entre desarrollo y preservación, pero anticipó su voto negativo por falta de equilibrio en el texto.
También hubo cuestionamientos sobre la forma en que se introdujeron modificaciones al dictamen y la velocidad del tratamiento, en una sesión que tuvo momentos de alta tensión.
Incidentes en las afueras del Congreso
La jornada estuvo marcada por protestas en las inmediaciones del Congreso. Activistas de Greenpeace fueron detenidos tras intentar ingresar al Palacio Legislativo, mientras que un camarógrafo del canal A24 denunció haber sido afectado por gas pimienta durante la cobertura.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea, otro respaldo clave
En la misma sesión, el Senado también ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea con 69 votos a favor y tres en contra. El oficialismo celebró el resultado y proyectó un crecimiento significativo de las exportaciones en los próximos años, especialmente en sectores como energía, minería y agroindustria.
El pacto, sin embargo, aún debe completar su proceso de ratificación en todos los parlamentos involucrados y superar instancias de revisión en Europa.
Lo que viene
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares se trasladará ahora a Diputados, donde se anticipa un escenario igualmente dividido. El oficialismo apuesta a consolidar una señal proinversión en un contexto de ajuste fiscal y necesidad de divisas.
La oposición y organizaciones ambientalistas, en cambio, ya anticipan resistencia y advierten que el impacto no es solo técnico sino estructural: el debate es sobre el modelo productivo y el uso de recursos estratégicos.
Para una ciudad como La Plata, donde el debate ambiental no es ajeno —basta recordar las discusiones sobre ordenamiento territorial y gestión del agua tras la inundación de 2013—, la discusión no resulta lejana. La tensión entre desarrollo, controles y preservación vuelve al centro de la escena nacional.
