El Gobierno nacional recalibra su estrategia parlamentaria para avanzar con la reforma laboral y encontró un punto de bloqueo difícil de esquivar: el impacto fiscal sobre las provincias. En la Casa Rosada ya se analiza una concesión clave para sumar apoyos: retirar o modificar el capítulo de Ganancias, que implica una pérdida estimada de 1,5 billones de pesos anuales para los distritos.
La definición comenzó a tomar forma este viernes, durante una reunión de la mesa política del oficialismo, en un contexto de negociaciones contrarreloj y con la necesidad de garantizar votos en el Congreso para evitar un nuevo traspié legislativo.
El artículo que encendió la alarma en las provincias
El foco del conflicto es el artículo 191 del proyecto enviado al Congreso, que introduce cambios impositivos dentro de la reforma laboral. Según cálculos oficiales, su aprobación generaría un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias.
Desde el Ejecutivo sostienen que la quita se compensaría con mayor empleo formal y más actividad económica. Los gobernadores, en cambio, desconfían de ese escenario y remarcan que la pérdida es inmediata, mientras que la recuperación recién podría verse —con suerte— a partir de 2027.
Esa tensión explica, en parte, por qué los mandatarios provinciales priorizaron cerrar el Presupuesto 2026 antes de avanzar con otras reformas: necesitan previsibilidad real, no proyecciones optimistas.
La mesa política y el rol de Caputo en la negociación
La estrategia se terminó de discutir en una reunión en la Casa Rosada de la que participaron Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli, Lule Menem y otros funcionarios clave. Durante la primera parte del encuentro se sumó también el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, justamente para analizar el capítulo impositivo cuestionado.
En el Gobierno admiten que ya trabajan sobre una “moderación del impacto” del artículo de Ganancias, una señal clara de que el texto podría ser recortado o directamente eliminado para evitar que la reforma quede empantanada.
Señales al mercado y presión internacional
Más allá del Congreso, en Balcarce 50 hay otro objetivo en juego: dar una señal política al mercado, al FMI y a la Casa Blanca. La aprobación de la reforma laboral es vista como una pieza central del programa económico de Javier Milei, incluso si eso implica resignar parte de la recaudación proyectada.
“Hay una baja de impuestos que afecta a las provincias y una recuperación que recién llegaría desde 2027. El problema es qué pasa si esa formalización no ocurre”, reconocen en despachos oficiales, donde el debate con los gobernadores sigue abierto.
La “zanahoria” para no romper la reforma
Dentro del propio gabinete admiten que Ganancias funciona como moneda de cambio. La idea es clara: ofrecer una concesión visible para evitar que los gobernadores bloqueen el proyecto completo.
“Los gobernadores están dispuestos a bancar la reforma, pero necesitan mostrar que frenaron una bomba antes de volver a sus provincias”, resumió una fuente que participa de las negociaciones. Para distritos como Buenos Aires —con fuerte peso fiscal y político— el impacto de la medida no es un detalle menor.
La CGT, dividida y con una estrategia en revisión
En paralelo, el frente sindical también se reacomoda. Un grupo de gremios de la CGT propuso avanzar por la llamada “vía económica” para disputar el respaldo de los gobernadores, es decir, discutir la reforma en términos de costos, recursos y compensaciones.
La propuesta fue desestimada por la conducción de la central obrera, en medio de fuertes internas. Algunos dirigentes cuestionan el gasto en movilizaciones y actos, y sostienen que esos recursos podrían haberse usado para sumar apoyos provinciales.
Aun así, la CGT iniciará la semana próxima una ronda de reuniones con gobernadores, con un objetivo más defensivo: frenar la reforma o forzar cambios en artículos sensibles.
Los puntos que los sindicatos buscan modificar
Entre los aspectos que generan mayor rechazo sindical se destacan:
- La ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, que limitaría el alcance de los paros.
- Los acuerdos por empresa, que debilitan la negociación colectiva sectorial.
- Los cambios en la cuota solidaria de los trabajadores no afiliados.
- La creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplaza el sistema tradicional de indemnizaciones.
Estos puntos concentran buena parte del conflicto político y social que rodea a la iniciativa.
El Gobierno prioriza la reforma laboral y posterga otras leyes
Consciente del ruido político que genera el proyecto, el Ejecutivo decidió concentrar todos sus esfuerzos en la reforma laboral y dejar para más adelante otras iniciativas anunciadas, como la reforma tributaria integral y los cambios en el Código Penal.
La sesión en el Senado para darle media sanción al proyecto ya tiene fecha tentativa: 11 de febrero. El oficialismo apuesta a aprobarla allí y completar el trámite en Diputados una semana después.
Un Congreso tensionado y otros frentes abiertos
Mientras tanto, la oposición avanza con otro frente: la posible derogación del DNU que reformó la SIDE. En Diputados, el peronismo, bloques provinciales y la izquierda no están lejos de reunir el quórum. En el Senado, en cambio, el oficialismo confía en blindar el decreto y sostener su vigencia.
Con este escenario, la reforma laboral se convirtió en el eje excluyente de la agenda política. Gobernadores que reclaman garantías fiscales, sindicatos que ajustan su estrategia y un Gobierno dispuesto a ceder en Ganancias para no perder la votación configuran una pulseada que se define voto a voto.
