El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional atraviesa hoy una etapa decisiva de negociación política y ajustes de último minuto antes de su tratamiento en el Senado, previsto para este miércoles 11 de febrero. El oficialismo busca consolidar los votos necesarios para dar media sanción a la iniciativa, que desde diciembre viene generando tensiones tanto dentro de La Libertad Avanza (LLA) como con aliados provinciales y bloques dialoguistas del Congreso.
Eliminar Ganancias para destrabar la votación
El foco central del debate político en las últimas horas se concentra en la controvertida inclusión de un capítulo que proponía reducir la alícuota del impuesto a las Ganancias para las empresas, un punto que irritó fuertemente a muchos gobernadores por su impacto fiscal —al tratarse de un tributo coparticipable— y que hoy está casi descartado del texto final. Según diversas fuentes parlamentarias, el oficialismo habría cedido ante las presiones provinciales y existe un consenso creciente para retirar por completo ese artículo, con lo cual se intenta allanar el camino para la aprobación.
Mesa política en Casa Rosada: última rosca
En este contexto, el Gobierno convocó este martes a la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Economía Luis Caputo, la senadora y jefa del bloque de LLA Patricia Bullrich y el titular de Diputados Martín Menem, entre otros. El objetivo formal del encuentro fue definir la estrategia para el debate legislativo y ajustar los detalles de la iniciativa antes de que arranque en comisión en el Senado.
La negociación de Bullrich y los aliados
Patricia Bullrich, uno de los actores centrales en la negociación, pasó las últimas jornadas reuniéndose con bloques dialoguistas de la oposición para intentar cerrar un texto “consensuado” antes de la sesión. Aunque la aprobación general del proyecto estaría garantizada gracias al apoyo de aliados provinciales y legisladores de distintos espacios, la letra chica todavía genera diferencias, sobre todo en los aspectos que tocan el esquema fiscal y la forma en que se financian los mecanismos para indemnización y derechos laborales.
El trabajo parlamentario de Bullrich busca, además, ajustar algunos artículos sin perder el núcleo de la reforma, algo que requiere acuerdos puntuales con la UCR, el PRO y otros interbloques provinciales. En la discusión figuran debates sobre la estructura de indemnizaciones, la ultraactividad de los convenios y las condiciones de despido, temas que generan resistencias incluso entre sectores tradicionalmente promercado.
Movilizaciones y resistencia sindical
Mientras se terminan de pulir los acuerdos políticos, sectores sindicales y organizaciones sociales intensifican su oposición a la reforma. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se instalaron campañas callejeras de sindicatos industriales que critican con ironía algunos puntos del proyecto —como la posibilidad de pagar salarios en especie o flexibilizar vacaciones y jornadas laborales— y llaman a movilizarse el día del debate en el Congreso.
Un proyecto en tensión entre apertura y cupo parlamentario
El plan de reforma laboral es, para el Gobierno, una pieza clave de su agenda de sesiones extraordinarias junto con otras iniciativas como el régimen penal juvenil y reformas tributarias. Para sus impulsores, el proyecto puede modernizar un mercado de trabajo rígido que coexiste con altos niveles de informalidad, atraer inversiones y dinamizar el empleo formal. Sin embargo, la falta de consenso político y las resistencias territoriales, redundan en ajustes de última hora que pueden redefinir el alcance de la ley una vez que llegue al recinto.
Este escenario anticipa un debate parlamentario intenso, con negociaciones de mesa adentro y movilizaciones de presión desde afuera, en el que el oficialismo intentará cerrar filas para convertir la reforma laboral en uno de sus primeros logros legislativos de 2026.